Los pueblos de Burgos se ven afectados por el creciente abandono ilegal de escombros con amianto
Las empresas especializadas en la retirada de materiales con amianto en la provincia de Burgos reciben constantes llamadas de los ayuntamientos locales para eliminar residuos de este tipo. Sin embargo, el problema radica en que estos materiales se acumulan en los pueblos sin que sea responsabilidad de las administraciones locales. Son las personas quienes los abandonan, incumpliendo la normativa vigente.
Un caso reciente ocurrió en el camino de La Gallega, perteneciente al municipio, donde se encontraron alrededor de 300 metros cuadrados de placas de uralita con amianto arrojadas ilegalmente. Esta acción, realizada por alguien que buscaba eludir los costos de la retirada y el correcto depósito de los mismos, constituye una infracción que, en caso de comprobarse, conlleva sanciones y hasta penas de cárcel.
Frecuentes avisos a empresas y a la Guardia Civil
Empresas como Desamiantados Rey, encargada de estas tareas en la provincia, confirman que habitualmente reciben llamadas de los ayuntamientos pidiendo la retirada de escombros con amianto. Por tanto, es común que acudan a los pueblos de Burgos a eliminar este material que ha sido ilegalmente abandonado por personas incívicas.
En cuanto a la Guardia Civil de Burgos, su postura es clara: aunque el escombro haya sido arrojado por un particular, si se encuentra en el terreno del municipio, es responsabilidad del ayuntamiento su retirada. «Actuamos de oficio si detectamos la infracción e iniciamos los trámites para identificar al infractor, aunque es bastante difícil», explican. En caso de que no se logre identificar al autor, el titular del terreno es quien debe encargarse de su retirada. Por ello, se recomienda que los pueblos informen a la Guardia Civil en estos casos.
Altos costos asociados
Francisco Peñas, alcalde de La Gallega, lamenta esta situación ya que «para pueblos pequeños como este, la retirada de este material supone un desembolso considerable». Un gasto que los municipios deben asumir, a pesar de que no hayan sido ellos quienes generaron el problema. Peñas menciona también el caso de Pinilla de los Barruecos, un pueblo vecino que se enfrentó a una situación similar este verano.
Las empresas encargadas de la retirada de escombros reconocen que no es una tarea económica, aunque afirman que cuanto mayor sea la cantidad de material, más económico resulta en general.
Tanto la Guardia Civil como estas empresas certifican que los avisos por este tipo de situaciones son frecuentes en la provincia de Burgos.
La importancia de una correcta gestión
La uralita contiene fibra de amianto, que es la parte tóxica, compuesta por trozos, polvo o fibras que se dispersan en el aire y pueden generar problemas de salud. Además, las fibras imperceptibles pueden adherirse a la ropa o acumularse. Por lo tanto, se requieren precauciones al manipular este material. Aunque no ocurra nada al pasar cerca de estos escombros, las fibras podrían adherirse y su exposición prolongada es perjudicial.
Para la retirada de fibrocemento o uralita, es necesario acudir a una empresa especializada. La normativa indica que, para evitar la contaminación del aire, los materiales deben almacenarse y transportarse en contenedores cerrados y etiquetados. Además, deben ser depositados en vertederos autorizados para asegurar una gestión adecuada. Por tanto, Francisco Peñas solicita ayuda para localizar a quienes arrojaron estas placas ilegalmente, ya que este procedimiento ilícito puede acarrear multas e incluso penas de cárcel.
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