Escándalo: Siete empresarios evitan prisión tras reconocer pago a menores por sexo
En una noticia que ha conmocionado a la Región, siete empresarios han admitido haber realizado pagos a cambio de mantener relaciones sexuales con menores de edad. Sin embargo, evitarán ir a prisión después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que ha pactado una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos.
En el caso también están involucrados otros seis acusados pertenecientes a la red de captación y prostitución de las menores, quienes también han pactado con la Fiscalía y previsiblemente no irán a prisión. La peculiaridad de este caso radica en que ninguno de los 13 acusados irá a prisión, puesto que el tiempo total de las penas pactadas no excede los dos años de privación de libertad, siempre y cuando paguen la pena en concepto de responsabilidad civil. No obstante, aún no se ha decidido si las penas serán suspendidas o no, ya que el juez ha convocado una nueva sesión para tratar el tema.
El juicio, que estaba programado para este miércoles, fue cancelado tras el acuerdo alcanzado entre las defensas de los acusados y la Fiscalía.
El oscuro entramado
Estos hechos macabros tuvieron lugar hace una década, siendo desarticulada en 2015 por la Policía Nacional una red que se dedicaba a captar jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas y a través de anuncios en Internet, para prostituirlos en pisos y domicilios.
La red operaba en Murcia y sus alrededores, como Lorquí, y los clientes, de edades comprendidas entre los 40 y los 80 años, pagaban entre 80 y 200 euros por cada servicio. No obstante, parte del dinero también se destinaba a las víctimas, aunque la mayor parte beneficiaba a los organizadores.
La investigación comenzó en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional recibió información sobre la desaparición de una menor. Tras una minuciosa investigación, lograron encontrar a la joven en un piso en la capital murciana, donde también se encontraban otras chicas y una pareja que era dueña de la vivienda. Quedó demostrado que estas menores, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del lugar.
Penalidades reducidas
La Fiscalía acusaba a tres mujeres de actuar como «madames» o encargadas de captar a las menores en las puertas de discotecas y colegios. Además, había dos hombres encargados de los traslados y una cuarta mujer que hacía de intermediaria entre las «madames» y las menores. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba siete años de prisión por cada menor captada para cada uno de los responsables de la red de prostitución, y cuatro años de prisión por cada delito cometido para los clientes.
Sin embargo, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, las defensas de los clientes lograron que la pena se redujera a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos, evitando así la prisión.
Comentario:
Este inquietante caso de explotación sexual de menores ha llegado a una resolución sorprendente, con los acusados evitando la prisión a pesar de admitir su culpabilidad. La justicia ha dejado en claro que el acuerdo alcanzado no refleja la gravedad de los delitos cometidos, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema legal para abordar este tipo de crímenes. Es fundamental que se tomen medidas para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
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