Condenado a 22 años de prisión el empresario hotelero Miguel Rifá por defraudar 88 millones a la Hacienda Pública
La Audiencia Provincial de Almería ha emitido una sentencia condenatoria hacia el empresario hotelero Miguel Rifá, quien ha sido hallado culpable de vaciar sus sociedades con el objetivo de defraudar a la Agencia Tributaria española en más de 88 millones de euros. Esta compleja trama de fraude involucró el uso de paraísos fiscales, resultando en una condena que suma un total de 22 años y cinco meses de prisión.
La sentencia, emitida por la Sección Segunda y a la cual ha tenido acceso Europa Press, imputa a Rifá la comisión de dos delitos de alzamiento de bienes y hasta cinco delitos contra la Hacienda Pública. Estos delitos fueron cometidos en los ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 2011. Sin embargo, se considera la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas debido a la antigüedad de los hechos.
La Audiencia Provincial de Almería también ordena a Rifá indemnizar a la AEAT con una cifra superior a los 88 millones de euros y le impone multas que ascienden a más de 34,9 millones de euros. En algunos casos, estas sanciones deberán ser pagadas conjuntamente y de forma solidaria con su socio y coacusado, I.M.M., o con las sociedades relacionadas.
La sentencia destaca que el empresario «controlaba y dirigía» un grupo de empresas conformado por Hotel Almería SL, Alvari Hotelera y Predios del Sureste SL. En el año 2008, estas sociedades tenían deudas acumuladas con la Agencia Tributaria por un total de más de 84,1 millones de euros.
Según el fallo, a pesar de tener activos para hacer frente a estas deudas, Miguel Rifá, junto a otros implicados, planificó y ejecutó un plan para dejar a estas sociedades sin recursos suficientes. El plan consistió en la transferencia de bienes de las sociedades deudoras a otras del mismo grupo, a cambio de participaciones emitidas al ampliar el capital. Posteriormente, estas participaciones fueron vendidas a terceras sociedades del grupo, recibiendo pagarés sin garantías y con vencimientos a largo plazo, que en su mayoría no fueron cobrados.
En un intento de distraer y retrasar las acciones de la Agencia Tributaria, las sociedades deudoras también presentaron solicitudes de aplazamiento que frecuentemente incluían bienes sobrevalorados como garantía. En consecuencia, las sociedades deudoras quedaron sin recursos para pagar sus deudas tributarias, mientras que los inmuebles inicialmente pertenecientes a estas sociedades pasaron a ser propiedad de otras sociedades del mismo grupo, a través de una estructura empresarial que involucra sociedades portuguesas, una sociedad británica y sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, todas propiedad de Miguel Rifá.
El modus operandi diseñado por Rifá generó un aumento de la deuda con la AEAT y, finalmente, fue descubierto. Ahora, enfrenta una condena de 22 años y cinco meses de prisión, tras haber sido solicitados por la fiscalía más de 26 años de cárcel en su contra. Además, la Agencia Tributaria también se ha personado como acusación particular en este caso.
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