El Tribunal Constitucional ampara a un policía que denunció tratos degradantes en prisión
El Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un agente de policía que denunció haber sufrido tratos degradantes durante su ingreso en el Centro Penitenciario Las Palmas I. Según el policía, fue víctima de amenazas, insultos, represalias con horarios arbitrarios, convivencia con presos comunes, privaciones de comunicaciones íntimas y pérdida de enseres. Los tribunales previos no llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, conforme a los estándares europeos, lo que llevó al Tribunal Constitucional a considerar que fue vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y al no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos y degradantes.
La sentencia del Tribunal Constitucional se basa en la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que establece que el trato degradante incluye las faltas de respeto o menoscabo de la dignidad humana capaces de generar miedo, angustia o inferioridad en una persona. Por lo tanto, cuando se denuncian estos tratos por parte de agentes estatales, es necesario realizar una investigación oficial que permita identificar y castigar a los responsables.
El policía recurrente solicitó en todas las instancias judiciales que se llevaran a cabo diligencias para identificar a los funcionarios implicados y para tomar declaración a testigos. Sin embargo, tanto el juez de instrucción como la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazaron estas peticiones sin ofrecer una explicación adecuada. Esto llevó al Tribunal Constitucional a concluir que no se llevó a cabo una investigación suficiente y exhaustiva, a pesar de la posibilidad de encontrar indicios de delito en el futuro.
Finalmente, es importante destacar que los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo emitieron un voto particular en el que cuestionaron la gravedad de las conductas denunciadas y su posible consideración como tortura, tratos inhumanos o degradantes. Estos magistrados argumentaron que las quejas podrían estar relacionadas con la protección especial que se brinda a los policías encarcelados y con la falta de un módulo especial para ellos en el centro penitenciario.
En resumen, el Tribunal Constitucional ha reconocido los tratos degradantes sufridos por el policía y ha señalado la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas en casos de denuncias de malos tratos por parte de agentes estatales.
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