Investigan a 136 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en Gran Canaria
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Gran Canaria ha puesto en marcha la Operación Domos, llevando a cabo una investigación que involucra a un total de 136 personas. Esta operación se inició a principios del año 2023 debido al incremento de construcciones ilegales en áreas donde está prohibido este tipo de uso. Una de las consecuencias de estos delitos es la obligación de demoler la construcción y restaurar el espacio natural protegido a su estado original.
La investigación comenzó cuando los agentes del Seprona detectaron la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos donde esos usos están prohibidos. Estos actos han ocasionado la degradación de áreas ambientales sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales.
La Operación Domos ha revelado un nuevo modo de operar por parte de los principales promotores, los cuales adquieren fincas rústicas con restricciones medioambientales a un precio relativamente económico. Luego, proceden a segregar y parcelar estas fincas, que son vendidas posteriormente a un precio mucho más elevado bajo la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas serán legalizadas con el tiempo por prescripción.
Estos promotores incluso proporcionaban a los compradores servicios como la construcción de cerramientos exteriores, instalación de portones de acceso y contratación de suministros de agua. Sin contar con licencias, los nuevos propietarios construían edificaciones residenciales en las subparcelas.
Estas construcciones ilegales crean núcleos poblacionales sin los servicios mínimos necesarios y generan problemas en la gestión de residuos y accesos. Además, los propietarios de viviendas legalmente establecidas ven afectados sus servicios y calidad de vida, ya que estos núcleos poblacionales no contribuyen al pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de dichos servicios.
La Guardia Civil recomienda solicitar información sobre la viabilidad de cualquier actuación urbanística antes de comprar o llevar a cabo cualquier tipo de construcción. En caso de duda, se debe acudir al servicio de disciplina urbanística del municipio afectado o a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
Las consecuencias penales por estos delitos pueden incluir penas de prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses, demolición de la obra y reposición a su estado original, con sanciones económicas que pueden superar los 200.000 euros.
Publicar comentario