El petaqueo sigue siendo un problema de gran preocupación en Huelva, Cádiz y el Algarve portugués
El petaqueo continúa siendo un problema tanto en las provincias de Huelva y Cádiz como en el Algarve portugués. A pesar de estar considerado ya como delito tras la entrada en vigor de la nueva legislación hace unas semanas, en los últimos días se han registrado nuevos operativos en los que se han intervenido varios miles de litros de combustible distribuidos en garrafas que tenían como destino el abastecimiento a las narcolanchas.
Este viernes se ha conocido que efectivos de la Policía Marítima lusa se han incautado en la localidad de Olhão cerca de 8.000 litros de combustible y dos vehículos.
La incautación se ha producido en el marco de los operativos que mantiene la Policía lusa contra las redes de apoyo logístico del narcotráfico marítimo.
Este nuevo ‘golpe’ al petaqueo en el Algarve llega después de que la Guardia Civil, este miércoles 13 de mayo en el entorno del río Guadalete a su paso por El Puerto de Santa María (Cádiz), localizase hasta ocho embarcaciones neumáticas de fibra cargadas con un total de 550 garrafas de combustible, que suman cerca de 11.000 litros en total.
También esta semana se ha conocido que la benemérita detuvo en los últimos días al conductor de una furgoneta en la N-431, en el término municipal de Gibraleón, cuando transportaba 2.250 litros de gasolina presuntamente destinados al abastecimiento de embarcaciones relacionadas con el narcotráfico.
Tras lograr interceptar el vehículo y proceder a la detención del conductor, los agentes localizaron en el interior del furgón un total de 90 garrafas de combustible, con capacidad para 25 litros cada una.
El petaqueo, entendido como el transporte, almacenamiento o suministro de gasolina para avituallar a las narcolanchas, ha pasado de ser una infracción administrativa a una actividad delictiva con penas de entre 3 y 5 años de prisión.
Las fuerzas de seguridad advierten de que el “petaqueo” supone un riesgo importante debido a la manipulación de grandes cantidades de combustible sin las condiciones adecuadas. Entre los principales peligros se encuentran incendios, explosiones y contaminación ambiental.
Además de las penas de prisión, la legislación contempla multas más elevadas y la incautación de vehículos y materiales utilizados para transportar el carburante. Las investigaciones también podrán dirigirse contra organizaciones que obtengan beneficios económicos mediante esta actividad.
Expertos en seguridad consideran que el endurecimiento de las penas busca disuadir a quienes participan en estas redes ilegales y reforzar el control sobre la distribución de combustible.
Mientras tanto, las autoridades han anunciado un aumento de las inspecciones y operativos en las zonas más afectadas.
Publicar comentario