La Policía Local de Melilla refuerza su equipamiento con cámaras corporales y dispositivos táser
El Gobierno de Melilla ha decidido volver a licitar la adquisición de dos dispositivos electrónicos de control, conocidos como táser, y diez cámaras corporales para fortalecer los medios materiales de la Policía Local. Este contrato se ha reiniciado después de que la única empresa que concurrió al primer procedimiento no presentara la documentación mínima requerida.
La Jefatura de la Policía Local destaca la necesidad de esta compra para mejorar la capacidad operativa de las patrullas, reforzar la seguridad de los agentes durante las intervenciones y ampliar las garantías de control y trazabilidad de las actuaciones. Se espera que los dos nuevos dispositivos de control permitan tener al menos un táser disponible en cada turno y en los diferentes grupos del cuerpo.
El contrato incluirá dos Dispositivos Electrónicos de Control, además de diez cámaras policiales unipersonales y los accesorios necesarios. El objetivo es incrementar la dotación disponible entre las patrullas y contar con medios para intervenir con mayor seguridad en situaciones de tensión o riesgo.
La utilización de los táser se considera como una alternativa intermedia entre las técnicas físicas de reducción y el uso de armas de fuego, siendo armas de defensa no letales. La regulación interna ya contempla su uso desde hace años, autorizando a los miembros de la Policía Local a disponer de armas eléctricas en situaciones puntuales y excepcionales para proteger la seguridad colectiva.
La Jefatura sostiene que los dispositivos de control eléctrico pueden reducir el riesgo de lesiones tanto para los agentes como para las personas intervenidas. Por otro lado, las cámaras corporales registrarán imagen y sonido durante las actuaciones operativas, con el objetivo de reforzar la privacidad y evitar consultas indebidas de las imágenes.
Esta nueva licitación busca completar los recursos tecnológicos de la Policía Local con herramientas que puedan elevar la seguridad de las intervenciones, mejorar la protección jurídica de agentes y ciudadanos, y reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes de especial complejidad. Se ha previsto una inversión de unos 40.000 euros para este propósito.
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