Recientemente, muchas familias se vieron sorprendidas al recibir cartas del Gobierno de Ayuso, firmadas por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, reclamando sumas de dinero por la estancia de sus seres queridos en residencias durante los meses críticos de la pandemia.
Ángela Armingol y María de Álvaro son dos de las afectadas por esta polémica medida. Ambas recibieron notificaciones exigiendo pagos por los servicios de las residencias donde sus padres fallecieron en marzo y abril de 2020, respectivamente, sin recibir atención hospitalaria. Para estas familias, esta solicitud de pago es más que una simple petición económica: es un recordatorio doloroso de la pérdida de sus seres queridos y una falta de respeto a su dignidad.
La indignación y el desconcierto son sentimientos compartidos por muchos. ¿Cómo es posible que, después de todo lo sucedido durante la pandemia, el gobierno decida ahora reclamar estas deudas? ¿Dónde está la compasión y la empatía hacia quienes sufrieron pérdidas irreparables?
Las familias afectadas se han unido en su decisión de no pagar estas sumas injustas. Tanto María como Ángela están firmes en su postura, dispuestas a enfrentar las consecuencias legales si es necesario. Consideran que este reclamo es injusto, especialmente cuando nunca se les cobraron estas cantidades en su momento.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales, justifican esta medida como un procedimiento habitual, señalando que la legislación estatal no estableció excepciones durante la pandemia. Sin embargo, muchos cuestionan la falta de sensibilidad y comprensión hacia las circunstancias extraordinarias que rodearon las muertes en residencias durante ese tiempo.
En medio de la controversia, se destaca la falta de transparencia sobre el número de familias afectadas y el origen de estas reclamaciones. Mientras tanto, las voces de protesta continúan creciendo, exigiendo una respuesta más humanitaria y compasiva por parte del gobierno frente a esta situación.
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