Reconocimiento Histórico para los Funcionarios de Prisiones en España
En un paso significativo hacia el reconocimiento de su labor, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer el miércoles 14 de octubre la reforma de la Ley General Penitenciaria, que otorga a los funcionarios de prisiones la categoría de agentes de la autoridad. Esta medida, esperada durante años por el colectivo, entrará en vigor inmediatamente, el jueves.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha celebrado esta reforma, enfatizando la necesidad de que se reconozca su trabajo. «Es fundamental que se les otorgue el respeto que merecen«, afirmaron, subrayando que hasta ahora han tenido que lidiar con la falta de reconocimiento.
El sindicato espera que este reconocimiento no se limite a una mera formalidad, señalando que han sido testigos de situaciones en las que se han encubierto agresiones para evitar que salgan a la luz las deficiencias en la gestión y la falta de protección por parte de la dirección del Centro Penitenciario de Melilla. «Hemos soportado lo peor de la sociedad sin ningún reconocimiento hasta este momento», añadieron.
La APFP confía en que esta iniciativa marque un cambio significativo en la forma en que se gestionan las agresiones en los centros penitenciarios, demandando que el reconocimiento como agentes de autoridad se traduzca en protección efectiva, respaldo institucional y medidas concretas que aseguren un entorno de trabajo seguro y digno para los funcionarios.
«Nos manifestaremos ante las agresiones y la falta de atención por parte de los directores, exigiendo que cumplan con la defensa de los derechos de los funcionarios, algo que muchas veces no sucede», advirtieron desde el sindicato.
El pasado 30 de septiembre, el pleno del Senado aprobó por una amplia mayoría la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, tras un acuerdo entre el PP y el PSOE. Este cambio, que se había intentado sin éxito en varias ocasiones en los últimos ocho años, implica una mejora considerable en las garantías jurídicas para los trabajadores penitenciarios.
La reforma modifica dos apartados del artículo 80 y añade tres nuevos, lo que significa que el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad les otorga protección jurídica en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye que su testimonio tendrá un valor probatorio preferente en casos de agresiones, además de endurecer las penas para los internos que ataquen a la autoridad y garantizar el derecho a indemnización por daños sufridos en el trabajo.
Asimismo, los funcionarios y el personal laboral recibirán formación teórica y práctica obligatoria, y en caso de ingresar en prisión, serán separados de los demás reclusos durante su estancia y traslados.
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