Destacan alto porcentaje de muertes violentas en autopsias realizadas en Almería en 2023
El Instituto de Medicina Legal (IMLCF) de Almería llevó a cabo un total de 341 autopsias durante el año pasado. Sorprendentemente, el 58,3% de estos casos resultaron ser muertes violentas, lo que representa un porcentaje significativamente alto. Dentro de este grupo, el mayor número de casos estuvo relacionado con accidentes, seguido de suicidios y homicidios, lo cual genera preocupación debido a la tasa de homicidios en comparación a otras provincias españolas. En solo un caso no se pudo determinar la causa de la muerte.
La memoria anual del IMLCF también revela que el Servicio de Patología realizó 18 reconocimientos de cadáveres y que la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) atendió a 99 víctimas de agresiones sexuales en cumplimiento de la Ley de Libertad Sexual. Además, se realizaron 580 reconocimientos a mujeres, 101 a hombres denunciados y 2 a menores, todos ellos relacionados con casos de violencia de género.
La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, reconoce el valioso trabajo de la UVIVG en la valoración de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, así como en la evaluación de los posibles riesgos y peligrosidad de los agresores.
En relación al trabajo realizado por otros departamentos del IMLCF, se emitieron 4.799 informes periciales sobre lesionados complejos por parte del Servicio de Clínica. Por otro lado, los equipos psicosociales elaboraron informes relacionados con temas familiares y penales, mientras que los Servicios de Psiquiatría Forense llevaron a cabo evaluaciones psiquiátricas para casos de internamiento, imputabilidad, incapacidad y análisis de drogadicción.
Es importante destacar que, desde el año 2016, los ciudadanos andaluces pueden solicitar periciales para valorar daños en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones extrajudiciales. Este servicio requerirá una oferta motivada de la aseguradora y una solicitud con el consentimiento del perjudicado.
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