Detienen a dos personas y investigan a otras cuatro por explotación laboral en empresa de cuidado de personas mayores
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Zimersa’, en la que ha detenido a dos individuos y está investigando a otros cuatro, por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Estas personas operaban bajo la apariencia de una empresa legal dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico, pero en realidad estaban explotando a trabajadoras extranjeras que no tenían permiso de trabajo ni residencia legal en España.
Durante la investigación, se descubrió que esta empresa tenía una estrategia agresiva de expansión y llegó a tener sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, y tenía la intención de abrir nuevas sedes en otras provincias.
Su modus operandi consistía en captar mujeres y adoctrinarlas. Para ello, seleccionaban localidades pequeñas alejadas de los centros urbanos, donde las trabajadoras contratadas tenían dificultades para relacionarse con otras personas. Buscaban mujeres de origen latinoamericano en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y con problemas económicos en sus países de origen, quienes aceptaban condiciones laborales muy duras.
El líder y gerente de la empresa contaba con la colaboración de los responsables de las diferentes sucursales, a quienes les daba instrucciones para las entrevistas de empleo, como no aceptar a mujeres que no mantuvieran contacto visual o que evadieran respuestas.
En el momento de formalizar los contratos, la persona que firmaba no era la misma que realizaba las tareas contratadas, sino que se utilizaba la identidad de otras trabajadoras que sí tenían su situación regularizada. Con esto, la empleada carecía de contrato efectivo, no estaba dados de alta en la Seguridad Social y se le imponían condiciones laborales que vulneraban la normativa.
Los detenidos e investigados instruían y advertían a las empleadas sobre cómo comportarse si fueran identificadas en controles policiales, les impedían acceder a centros médicos o hospitales sin la compañía de miembros de la empresa e incluso les obligaban a identificarse con otras identidades correspondientes a personas registradas en la Seguridad Social.
Después de obtener la autorización de la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol, se llevaron a cabo registros en las cuatro sedes de la empresa y en dos domicilios particulares. Durante estas acciones, se detuvo al gerente y a su pareja sentimental, y se tomó declaración a cuatro personas responsables de las sedes. Todos ellos están siendo imputados por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.
En los registros participaron especialistas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Salamanca y Valladolid, coordinados por la de Asturias. La investigación sigue en curso, ya que se está analizando toda la documentación incautada durante los registros.
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