Un hombre enfrenta duras penas por incendiar su vivienda y amenazar a un camarero y vecinos
En la noche del 21 de febrero de 2024, alrededor de las nueve, se desató un grave incidente cuando un individuo decidió incendiar un sofá y otros objetos en la entrada de su vivienda. Este acto puso en peligro a los residentes de las casas vecinas, que estaban interconectadas por el piso superior y compartían el mismo tejado, creando una situación de extrema gravedad.
Los vecinos, al percatarse del fuego, no dudaron en actuar. Con extintores en mano, intentaron controlar las llamas y, al mismo tiempo, **alejar al acusado** de la zona. Sin embargo, el hombre, en un intento de avivar el incendio, comenzó a prender trapos y cartones, con la intención de propagar el fuego hacia el interior de la vivienda.
El caos llevó a la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos y de los servicios de emergencia del 061, además de la Policía Local y Nacional. Las autoridades lograron arrestar al **sospechoso**, un hombre de 40 años de origen marroquí y que se encontraba en situación administrativa irregular.
Amenazas de muerte a un camarero
Este incidente no fue aislado. Horas antes, el acusado había sido **expulsado de un bar** cercano tras molestar a los clientes. Desde ese momento, comenzó a proferir amenazas tanto a los vecinos como al camarero, prometiendo que lo mataría al finalizar su turno y que **prendería fuego** al establecimiento. Más tarde, regresó al bar con una cadena que portaba una bola metálica.
Al enterarse de las amenazas, el dueño y el encargado del bar acudieron al lugar, ya que el camarero se sentía **angustiado** y **incómodo** por la situación. En este segundo encuentro, el acusado se dirigió directamente al propietario y le mostró **dos pistolas** —su autenticidad sigue siendo un misterio— advirtiendo que iba a «matar a su camarero».
A pesar de que el hombre intentó desvincularse de los hechos durante el juicio, sugiriendo que los vecinos habían sido los responsables del fuego, el tribunal consideró que las pruebas presentadas, incluidos los testimonios de las víctimas y de los servicios de emergencia, respaldaban la culpabilidad del acusado. Por sus amenazas, se le impuso una pena de un año y tres meses de cárcel, mientras que por el incendio se le condenó a **siete años y seis meses**. Además, se dictó su expulsión del territorio español, con una prohibición de entrada al país durante diez años, en caso de que acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
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