Detenido en Miranda de Ebro un individuo extracomunitario con antecedentes por violencia de género y robo con fuerza

Detienen a individuo extranjero con antecedentes por violencia de género y robo con fuerza

Agentes policiales de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han llevado a cabo la detención de un individuo extracomunitario en cumplimiento de la Ley de Extranjería vigente. Este sujeto se encontraba bajo una orden de expulsión de España debido a sus antecedentes por violencia de género y robo con fuerza. Tras su detención, ha sido trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, donde esperará los trámites correspondientes para su efectiva expulsión del país.

De acuerdo a la legislación, el sujeto enfrentará una prohibición de entrada a territorio español y al espacio Schengen, la cual oscila entre 5 y 10 años.

Inspecciones laborales y sanciones económicas

En colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han realizado recientemente cinco inspecciones en diferentes establecimientos en Miranda de Ebro. Estas acciones se enmarcan dentro del convenio entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que busca combatir el empleo irregular, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social.

Durante una de estas intervenciones, se descubrió la presencia de catorce empleados sin permiso de trabajo en una cadena hotelera de la provincia de Burgos. Además, se identificó a un ciudadano extracomunitario trabajando como cocinero sin Autorización de Residencia y Trabajo en un establecimiento de hostelería. En otro caso, se encontró a un mecánico sin documentación legal en un taller de vehículos cuyo responsable ya había sido sancionado en dos ocasiones anteriores por situaciones similares.

Estos extranjeros están siendo objeto de un expediente administrativo por estancia irregular, según la Ley de Extranjería. Por su parte, los responsables de los negocios se enfrentan a infracciones graves que pueden conllevar sanciones económicas de más de 10.000 euros por cada trabajador irregular.

Las autoridades policiales destacan que este tipo de operativos tienen como objetivo eliminar la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social.