Conflicto agrario en la vega de Maro: dos arrestos durante una manifestación por la tala de árboles
La vega de Maro, en Nerja, ha sido escenario de **tensión** ante las recientes actividades de la **Sociedad Azucarera Larios**, que ha llevado a cabo trabajos en sus fincas agrícolas. Este **miércoles**, la situación se intensificó con la **detención de dos individuos** durante una manifestación en contra de la **tala de árboles** en el **Barranco de Maro**. Fuentes cercanas a la investigación han informado a SUR que los arrestos fueron consecuencia de la **negativa** de los manifestantes a identificarse y de una presunta **desobediencia grave** hacia los requerimientos de la **Guardia Civil**.
Los detenidos, una mujer de 45 años de nacionalidad española y un hombre de 30 años de origen italiano, han sido puestos a disposición judicial, aunque posteriormente fueron liberados. Los incidentes tuvieron lugar en una parcela de aproximadamente **5.000 metros cuadrados**, donde operaba maquinaria pesada y había una treintena de árboles, incluidos chirimoyos y olivos, según denuncias recibidas.
La intervención policial se produjo cuando un grupo de personas se reunió para intentar detener las labores de tala. Según la plataforma **Acción por Maro y su Agricultura (AMA)**, los arrestados decidieron permanecer en el lugar a la espera de la llegada del **SEPRONA** para verificar la legalidad de las acciones, negándose a marcharse cuando los agentes lo solicitaron. El colectivo ha calificado la protesta como **pacífica** y ha cuestionado la **proporcionalidad** de la respuesta policial.
Controversia por la tala de árboles no invasivos y movimientos de tierra
AMA ha denunciado que las actividades en la zona incluyen la **tala de cerca de un centenar de árboles no invasivos** y movimientos de tierra para la extracción de raíces en terrenos clasificados como **suelo no urbanizable de especial protección**, cercanos a un barranco y a zonas con **afecciones patrimoniales**. Según el colectivo, estas acciones requerirían autorizaciones administrativas y una evaluación ambiental previa.
La denuncia, que ha sido ampliada ante la **Guardia Civil** y a la que ha tenido acceso SUR, describe cortes de árboles y trabajos con maquinaria pesada a menos de **cien metros** de un cauce natural, además de actuaciones cercanas a acequias históricas y potenciales riesgos para la fauna en período de nidificación. El documento solicita la intervención del SEPRONA, la verificación de licencias urbanísticas y autorizaciones sectoriales, así como la adopción de medidas cautelares si se identifican **riesgos ambientales**.
Terrenos con protección especial
El escrito indica que las labores se están llevando a cabo en varias parcelas de los polígonos 006, 007 y 008, que están mayormente clasificadas como **suelo no urbanizable de especial protección**, y presentan diversas afecciones ambientales, hidráulicas y arqueológicas. Según el denunciante, estas no son **labores agrícolas ordinarias**, sino una transformación sustancial del terreno mediante maquinaria pesada.
La actuación policial se enmarca en un contexto de creciente conflicto en la vega de Maro, tras la decisión de **Larios** de finalizar alrededor de **400 contratos de arrendamiento** en sus fincas agrícolas y el inicio de **derribos** y reordenaciones de parcelas desde enero. Estas decisiones han provocado una fuerte reacción entre arrendatarios, vecinos y colectivos agrarios, quienes denuncian el impacto social y la pérdida de un **modelo tradicional de huertas**. En una manifestación llevada a cabo en febrero, participaron cerca de **un centenar de personas**.
Larios defiende su propuesta de uso agrícola
Por su parte, la empresa **Larios** ha argumentado en ocasiones anteriores que su objetivo es restaurar un uso **estrictamente agrícola** de estos terrenos, eliminando construcciones y elementos que considera irregulares, y avanzar hacia una explotación **más ordenada y profesional**. Esto ocurre en medio de la paralización de su proyecto urbanístico, que contempla la construcción de un campo de golf, 500 viviendas y tres hoteles, el cual el Ayuntamiento de Nerja ha obligado a reiniciar conforme a la nueva normativa territorial andaluza.
A medida que la maquinaria continuaba operando en la zona, los colectivos han anunciado nuevas acciones y mantienen su demanda de mayor intervención y **transparencia** por parte de las autoridades medioambientales y del Ayuntamiento, que es gobernado por el **PP con mayoría absoluta**.
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