Tramitan sanciones contra un vecino de Ronda por facilitar empadronamientos fraudulentos a extranjeros
La Policía Nacional ha iniciado un proceso administrativo en virtud de la Ley de Extranjería, presentando seis expedientes sancionadores contra un arrendatario de Ronda. Este individuo, según las autoridades, habría permitido el empadronamiento **fraudulento** de seis ciudadanos extranjeros, quienes nunca habitaron en su vivienda.
Los migrantes involucrados se encontraban en **situación irregular** al momento de realizar sus registros en el padrón municipal. Las investigaciones apuntan a que el objetivo de esta manipulación era la **regularización** de su estatus en el país, tal como informó la Policía Nacional en un comunicado oficial.
La pesquisa, llevada a cabo por el Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda, dio inicio tras recibir información de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Córdoba. Se había detectado que varios ciudadanos de Marruecos utilizaban el mismo domicilio en Ronda para sus trámites de documentación, lo que despertó las **sospechas** de un posible fraude.
Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes iniciaron una serie de indagaciones, que incluyeron el análisis de la documentación del padrón municipal y discretas **incursiones** en el entorno del domicilio, así como contactos con vecinos.
Las evidencias reunidas confirmaron que, en el inmueble señalado para los empadronamientos, no residían los extranjeros que figuraban en el registro, quienes nunca llegaron a habitar la propiedad en cuestión. Se presume que estos empadronamientos serían utilizados posteriormente para solicitar **autorizaciones de residencia**.
La legislación actual sobre extranjería establece sanciones severas para propietarios o inquilinos que consientan el empadronamiento de personas en domicilios que no son su residencia real. Este acto se califica como un **»empadronamiento en fraude de ley»**, con sanciones económicas que pueden variar entre 501 y 10,000 euros por cada inscripción indebida, siempre y cuando no se considere una infracción penal.
La investigación ha seguido su curso administrativo, derivando en seis expedientes sancionadores contra el arrendatario del inmueble en cuestión.
Publicar comentario