La trama delictiva que trae jóvenes a España bajo promesas de jugar al fútbol salpica a Móstoles
En una operación iniciada en Canarias, las autoridades han detenido a una mujer en Móstoles, junto a un hombre y una mujer en Las Palmas de Gran Canaria y otro hombre en Córdoba. Todos son sospechosos de llevar a cabo un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
La investigación comenzó cuando se detectó a varios jóvenes que habían falsificado documentación para ingresar al país. Inicialmente, se habían presentado con la intención de estudiar idiomas.
Según las pistas encontradas, esta organización reclutaba jóvenes en sus países de origen a través de anuncios en páginas web para traerlos a España. Los anuncios ofrecían cursos de tecnificación y pruebas en equipos de fútbol en Gran Canaria y en la península. Para facilitar su ingreso, se les proporcionaba documentación falsa.
La organización presentaba certificados falsos de matrícula en centros de estudios de idiomas, principalmente de español, ante la Subdelegación del Gobierno para obtener la autorización de estancia por estudios.
Los jóvenes, en realidad, venían a jugar al fútbol y fichaban por equipos de diferentes categorías. La Policía ha informado que debían pagar una cantidad mensual de entre 1.000 y 1.200 euros, que cubría los trámites de extranjería, alojamiento en viviendas alquiladas por los detenidos, cursos de tecnificación, pruebas en equipos de fútbol y matrículas en centros de idiomas concertados por la organización.
Entre los detenidos se encuentran una pareja en Las Palmas de Gran Canaria, conformada por una abogada encargada de tramitar la documentación y un representante de fútbol que se encargaba de captar a los supuestos estudiantes. También se detuvo a una mujer en Móstoles, que colaboraba con la pareja a través de una sociedad dedicada a la tramitación de documentación de ciudadanos extranjeros.
Además, se detuvo a un joven en Córdoba, quien también se benefició de un certificado de estudios falso para obtener la autorización de estancia por estudios en España. También se interrogó al administrador del centro de estudios que expedía los certificados de estudios a los jóvenes debido a su posible implicación en la trama investigada.
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