Desmantelada red de enganches ilegales de electricidad en La Rioja: 7 inmuebles desconectados y 14.000 euros defraudados

Desmantelada red de enganches ilegales de electricidad en La Rioja: 7 inmuebles desconectados y 14.000 euros defraudados

Operación «Apaga y vámonos» detecta y desconecta conexiones ilegales a la red eléctrica en Albelda de Iregua

En una operación conjunta, la Guardia Civil y técnicos de Iberdrola han llevado a cabo la denominada operación «Apaga y vámonos» en el Barrio Alto de Albelda de Iregua, donde se descubrieron siete viviendas que se estaban suministrando ilegalmente de electricidad del tendido público. Los técnicos realizaron las correspondientes desconexiones y se levantaron las actas pertinentes.

Para llevar a cabo esta operación, treinta y seis agentes de la Guardia Civil fueron desplegados en la zona y colaboraron con los técnicos de Iberdrola para identificar las viviendas conectadas ilegalmente.

Tras analizar los datos obtenidos, se ha calculado que el valor económico de la energía defraudada asciende a 14.000 euros. Los propietarios de las viviendas están siendo investigados por su presunta implicación en delito de defraudación de fluido eléctrico.

Estas conexiones ilegales no solo son peligrosas para la seguridad de las personas, ya que pueden causar cortocircuitos, incendios y electrocuciones, sino que también generan inestabilidad en el suministro eléctrico y pueden dañar la infraestructura eléctrica. Además, implican sanciones tanto penales como administrativas.

La estrecha colaboración entre Iberdrola y la Guardia Civil ha permitido llevar a cabo esta operación y seguir trabajando en la identificación de actividades ilícitas relacionadas con el suministro eléctrico en la comunidad autónoma. Las diligencias serán presentadas ante la autoridad judicial correspondiente.

Es importante recordar los peligros y las consecuencias de los enganches ilegales a la red eléctrica, que van desde riesgos para la seguridad hasta repercusiones penales y consecuencias económicas. Los responsables de este tipo de prácticas pueden enfrentar multas, obligación de pagar por el consumo no registrado e incluso penas de prisión, así como responsabilidad civil por daños a terceros o a la infraestructura.

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