Desmantelan una granja ganadera sin control sanitario en Daya Nueva
En un descubrimiento preocupante, varias ovejas fueron encontradas muertas en el río Segura a finales del año pasado. Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil han llevado hasta una explotación ganadera en Daya Nueva, la cual criaba ganado sin ningún control sanitario. Como consecuencia, las autoridades han cerrado estas instalaciones clandestinas y el propietario se enfrenta a sanciones que podrían superar el millón de euros.
La Guardia Civil ha llevado a cabo esta operación como parte de sus tareas de control en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Seprona recibió la denuncia de varios cadáveres de ovejas en el azarbe de San Fulgencio, cerca de la desembocadura del río Segura, en diciembre pasado. Los informantes fueron vecinos e incluso la propia Confederación, según ha podido averiguar este diario.
Los investigadores verificaron que los animales no tenían crotal (identificación de plástico adherida a la oreja del animal). Ante esta situación, se inició una investigación para determinar la procedencia de estos animales.
Tras realizar inspecciones en varias explotaciones de la Vega Baja, los agentes encontraron una explotación ilegal de ganado ovino-caprino oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas destinadas al ganado porcino. Posteriormente, se identificó al responsable de la explotación y se le solicitó la documentación correspondiente.
En la inspección, se constató que el ganado no tenía control zoosanitario, lo que podría representar un grave riesgo para la salud humana si se consume. Además, los agentes pudieron relacionar los restos de los animales encontrados en la cuenca del río con la explotación desmantelada.
Así, la Guardia Civil levantó acta y dio aviso a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por las infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunidad Valenciana, quedando los animales en depósito.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a sanciones graves por no comunicar la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y otras medidas sanitarias establecidas por ley, así como por la ausencia de documentación sanitaria. Además, se destaca el posible uso de los animales para consumo humano, lo cual se considera una falta muy grave debido a la falta de análisis, pruebas y pruebas de detección de enfermedades que se deben realizar en los animales destinados a este fin. Estas infracciones podrían resultar en sanciones económicas que oscilan entre los 3.001 y los 1.200.000 euros.
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