¡Importante hallazgo en Archena!
La Guardia Civil ha desarticulado un presunto entramado delictivo dedicado a la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros en Archena.
La investigación se inició en 2024 después de que el Ayuntamiento del municipio puso en conocimiento del Instituto Armado diversas anomalías detectadas en el padrón municipal. Según informó la Benemérita, desde otras comunidades autónomas se había alertado sobre la presentación de certificados expedidos por el Consistorio que presentaban indicios de falsedad.
Especialistas de la Policía Judicial asumieron las pesquisas y analizaron la base de datos del padrón municipal. Durante las comprobaciones detectaron irregularidades como referencias erróneas de viviendas y un número excesivo de personas empadronadas en un mismo domicilio.
Los avances de la investigación fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó la intervención de los equipos informáticos utilizados para la expedición de estos documentos oficiales. El análisis del material digital permitió detectar alrededor de 600 certificaciones fraudulentas emitidas entre los años 2021 y 2024.
Las pesquisas situaron en el centro de la investigación a un funcionario municipal encargado de la gestión de este tipo de trámites. Según la Guardia Civil, el empleado habría expedido documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, presuntamente a cambio de dinero.
Tras autorizarse la entrada y registro en su domicilio, los agentes se incautaron de abundante documentación, certificados y solicitudes, además de terminales de telefonía móvil e incluso un sello municipal.
La investigación permitió identificar posteriormente a una segunda persona implicada. Se trataría del intermediario encargado de contactar con ciudadanos extranjeros interesados en obtener certificados de empadronamiento “a medida”. Al parecer, utilizaba su mismo origen para captar a compatriotas y ofrecerles este tipo de documentación irregular.
Según se desprende de la investigación, ambos implicados llegaron a cobrar entre 50 y 600 euros por cada certificación fraudulenta, dependiendo del trámite solicitado.
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