Desarticulado grupo criminal en La Rioja: liberadas 8 víctimas de condiciones inhumanas y extenuantes jornadas laborales.

Desarticulado grupo criminal en La Rioja: liberadas 8 víctimas de condiciones inhumanas y extenuantes jornadas laborales.

Operación ‘Portus-Cale’: 8 víctimas liberadas y 5 detenidos en La Rioja

La Guardia Civil de La Rioja ha llevado a cabo la captura de 5 individuos, miembros de una banda delictiva, en el marco de la operación ‘Portus-Cale’, que ha resultado en la liberación de 8 personas que sufrían condiciones inhumanas y jornadas laborales extenuantes de hasta «entre 12 y 16 horas».

La detención tuvo lugar en Rincón de Olivedo, La Rioja. Los implicados son sospechosos de participar en una organización criminal, tráfico de personas, explotación laboral y lavado de dinero. Desde 2022, se ha descubierto que los detenidos acumularon hasta 2,5 millones de euros en sus cuentas bancarias.

De los cinco detenidos, tres hombres y dos mujeres de entre 24 y 50 años, cuatro de ellos han sido encarcelados. Es relevante destacar que la dirección de la organización criminal estaba a cargo de una mujer conocida como la ‘Jefa’, un hecho poco común según la Guardia Civil.

Al llegar a La Rioja, a las víctimas se les confiscaba la documentación y los teléfonos móviles para mantenerlos aislados. Estas personas eran sometidas a agotadoras jornadas laborales, algunas de ellas sin recibir salario durante años y otras cobrando apenas 4 euros por hora, de los cuales se descontaba el tabaco, alcohol y otros productos, llegando incluso a deber dinero a la organización criminal, según declaraciones de Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.

Trágico incidente: Víctima atropellada al intentar escapar

Durante la investigación, se descubrió que una de las víctimas de la organización criminal intentó abandonar su situación laboral y fue atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como resultado del impacto.

Los explotadores sometían a los trabajadores a una dependencia extrema, alojándolos en viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad: entornos precarios, carentes de higiene y comodidades básicas.

Adicionalmente, se les proporcionaba carne en mal estado y se les facilitaba acceso al alcohol como mecanismo de control y aislamiento social.

Las víctimas eran obligadas a trabajar entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar días de descanso ni festivos. No tenían tiempo libre, solo estaban «siempre disponibles».

Desde la poda de viñedos hasta reformas completas de edificaciones o servicios de transporte, los trabajadores eran forzados a realizar cualquier tarea ordenada por la familia criminal.

Algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin recibir paga alguna. Incluso fueron agredidas físicamente por estar enfermas y no poder presentarse a trabajar.

Inicio de la investigación: Desmantelando la red criminal

La operación comenzó cuando la Guardia Civil detectó señales de que varias personas de nacionalidad portuguesa, residentes en Rincón de Olivedo (La Rioja), podrían estar siendo explotadas laboralmente por compatriotas.

Las pesquisas iniciales llevaron a focalizar la investigación en un grupo familiar liderado por una mujer llamada la ‘Jefa’, que operaba junto a su esposo, dos hijos y la pareja de uno de ellos. Este clan, asentado en dos viviendas desde las que coordinaban todas las actividades ilegales.

El análisis patrimonial realizado reveló que las dos cabecillas de la organización ingresaron en sus cuentas bancarias un total de 2.517.593 euros desde 2022, bajo la fachada de trabajos agrícolas.

La investigación ha vinculado a diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra que contrataron los servicios de la banda criminal.

Bodega y directivo bajo investigación

En este sentido, una bodega y uno de sus directivos están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, al recurrir repetidamente a los servicios de la red criminal. Según se ha descubierto, la empresa pagó al grupo delictivo un total de 569.000 euros por estos servicios.

En muchos casos, estos clientes eran plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores.

Con toda la información recopilada, se llevaron a cabo siete registros en inmuebles. En la operación se confiscaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para análisis, ocho vehículos -cinco de alta gama- y se bloquearon siete cuentas bancarias activas de los implicados.

La operación fue ejecutada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración de diversas unidades de la Guardia Civil. Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a la «colaboración ciudadana». «Si alguien observa alguna situación similar en su entorno, por favor, póngase en contacto con nosotros».

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