23 víctimas de explotación sexual liberadas y 8 detenidos en operación policial nacional
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la que se han liberado a 23 víctimas de explotación sexual en diferentes provincias de España. Además, se han detenido a ocho personas acusadas de delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución y contra los derechos de los trabajadores, entre otros.
Esta operación, enmarcada en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, ha desarticulado una red criminal que obtenía beneficios económicos a través de la explotación sexual de las víctimas. Una de ellas, con discapacidad intelectual, fue engañada con la promesa de un trabajo diferente o en condiciones distintas a las que finalmente se vio sometida.
La investigación ha culminado con la liberación de las 23 mujeres en las ciudades de Úbeda, Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares, Lugo y Ciudad Real. Por otro lado, se han detenido a ocho individuos en Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real, acusados de diferentes delitos relacionados con la explotación sexual y la trata de seres humanos.
Además, se han realizado diez registros en diferentes ciudades, donde se han incautado teléfonos móviles, una suma de dinero en efectivo superior a los 5000 euros, sustancias estupefacientes y documentación relacionada con la investigación.
La organización criminal capturaba a sus víctimas en situación irregular en España o en su país de origen, mayoritariamente Colombia. Les ofrecían un trabajo distinto al que finalmente eran forzadas a realizar, como salones de belleza o cuidado de ancianos, bajo condiciones engañosas.
Los detenidos se encargaban de contactar con los clientes a través de páginas web y acordar los servicios sexuales. Las víctimas no podían negarse y además se les exigía que pagaran a la organización una cantidad adicional por estas gestiones.
La red criminal obligaba a las mujeres a prostituirse bajo amenazas y las trasladaba constantemente de una provincia a otra para dificultar su detección. Además, las controlaban mediante cámaras de videovigilancia. Las víctimas debían entregar el 50% de cada servicio y anotarlos en cuadernos, siendo obligadas a trabajar en condiciones precarias.
Los implicados también adquirían sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes. Según la investigación, la cabecilla de la red utilizaba el dinero obtenido de la explotación y la venta de drogas para comprar propiedades inmobiliarias en varias provincias de España y en Colombia.
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