Desmantelan red criminal que defraudó más de 4 millones de euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha llevado a cabo una exitosa operación en la que se ha desarticulado una red criminal acusada de estafar a la Seguridad Social más de 4 millones de euros. En total, se ha detenido a 25 personas implicadas en distintas localidades de la Comunidad de Madrid.
La investigación se inició en diciembre de 2022 tras detectar irregularidades en la tramitación de prestaciones de desempleo por parte de empleados dedicados a esta tarea. Entre los detenidos se encuentran empleados públicos y trabajadores de entidades bancarias.
Se han identificado más de 400 casos ilícitos en los que los miembros de la organización se centraban en la capitalización de las prestaciones por desempleo. Esta medida permite a los desempleados destinar la totalidad de la ayuda al autoempleo.
La red criminal contaba con una estructura distribuida en cinco eslabones. Dos hombres se encargaban de la dirección y captación de clientes, trazando estrategias y calculando los beneficios. Los clientes eran remitidos a una gestoría donde se formalizaban los trámites con facturas falsas.
Empleados públicos detenidos, entre ellos algunos del SEPE y la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, se encargaban de controlar los trámites desde el inicio hasta el abono de la prestación, recibiendo pagos mensuales por su colaboración.
Los trabajadores de entidades bancarias abrían cuentas que eran utilizadas como cuentas de destino de las prestaciones fraudulentas. Así, controlaban los movimientos bancarios y aseguraban el pago acordado a la organización.
El beneficio obtenido se transfería a cuentas controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a sus cuentas personales.
La operación finalizó con 16 registros en viviendas y oficinas de Madrid, donde se encontraron pruebas relevantes. Los detenidos están acusados de diversos delitos, como contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
La colaboración entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las administraciones públicas ha sido crucial para el éxito de la operación.
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