Operación policial rescata a mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual
En una importante acción llevada a cabo por la Policía Nacional, cinco mujeres fueron liberadas de las garras de una red criminal transnacional dedicada a la trata de seres humanos con propósitos de explotación sexual. La operación, que se desarrolló en las provincias de Toledo y Madrid, culminó con la detención de ocho individuos, incluyendo a los tres cabecillas del entramado, quienes ya han sido enviados a prisión preventiva. El caso se inició en Melilla en octubre de 2024, a raíz de la valiente denuncia de una mujer atrapada en una situación de explotación sexual.
Tras recibir la denuncia, los agentes especializados de la Jefatura Superior de Policía de Melilla identificaron a la mujer como víctima de trata, en aplicación del Protocolo Marco de Protección de Víctimas. A partir de entonces, se desplegó una investigación conjunta entre unidades de la Policía Nacional en Melilla, Madrid, Toledo y la Unidad Central, logrando descubrir una organización criminal compuesta por individuos españoles y latinoamericanos. Esta red se dedicaba a reclutar mujeres en situación de vulnerabilidad económica en naciones como Colombia y Venezuela, ofreciéndoles falsas promesas de trabajo en España.
Una vez las mujeres aceptaban la oferta, la red se encargaba de los trámites de viaje y documentación. Sin embargo, al llegar a suelo español, se les informaba que habían contraído una deuda de hasta 6.000 euros, que debían saldar en tres meses. Para ello, eran forzadas a ejercer la prostitución en pisos y clubes de alterne controlados por la red criminal, operativos las 24 horas del día. En estos espacios no solo trabajaban, sino que también vivían bajo vigilancia constante, amenazas y coacciones.
La red contaba con mujeres designadas como “madres de piso”, responsables de controlar a las víctimas, establecer precios, organizar turnos y gestionar los pagos. Las víctimas debían entregar el 50% de sus ingresos a la organización y estaban sometidas a una estricta vigilancia mediante cámaras instaladas en las áreas comunes de las viviendas. En algunos casos, eran obligadas a cambiar de domicilio, siendo durante uno de estos traslados que una de ellas logró escapar y buscar ayuda policial, dando inicio a la operación.
Además de la explotación sexual, la red obtenía ganancias a través de la distribución de drogas. En los mismos lugares donde se ejercía la prostitución, los clientes podían adquirir cocaína. Durante los registros, tres en la provincia de Toledo y uno en Madrid, los agentes encontraron más de 2 kilogramos de esta sustancia, parte en roca pura y parte ya preparada en dosis, así como un laboratorio clandestino equipado para su manipulación y empaquetado.
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