Investigan a una persona por sextorsión y amenazas
Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Quilombeda’, han llevado a cabo una investigación en la que han detenido e investigado a nueve personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la sextorsión. Esta red delictiva operaba principalmente en Valencia, pero también tenía miembros en Valladolid y Cantabria.
La operación se inició en marzo de 2023, cuando una de las víctimas denunció haber sido amenazada después de solicitar contactos de mujeres a través de internet. Los delincuentes exigían dinero a cambio de no enviar a un sicario a su domicilio y, en caso de no pagar, amenazaban con acciones violentas e incluso el asesinato. Hasta el momento, se han localizado a 32 personas perjudicadas, con un total de 40.000 euros estafados.
Timo del sicario
El modus operandi de esta organización consistía en utilizar el conocido método del ‘timo del sicario’. Los delincuentes publicaban anuncios falsos en páginas web de contactos con mujeres, y cuando las víctimas contrataban estos servicios, comenzaban a recibir amenazas de muerte por parte de un supuesto sicario. Para evitar sufrir daños, se les exigía el pago de una suma de dinero. Una vez obtenido el dinero, lo redirigían a sus cuentas bancarias o utilizaban terceras personas vulnerables para ocultar sus actividades ilícitas.
Estafas en falsas ofertas de trabajo
Además de la sextorsión, la organización también se dedicaba a estafar a través de falsas ofertas de trabajo. Las víctimas interactuaban con los delincuentes a través de llamadas telefónicas y mensajes, y tras llegar a un supuesto «acuerdo», les solicitaban copias de documentos personales y números de cuentas bancarias. Con esta información, los criminales realizaban altas de servicios de telefonía y cuentas bancarias utilizando la identidad de las víctimas.
En total, siete personas fueron detenidas en Valencia como resultado de la operación ‘Quilombeda’. Posteriormente, se procedió a la investigación de otros dos integrantes de la organización en Cantabria y Valladolid. A todos ellos se les imputan los delitos de extorsión, amenazas, estafa, suplantación de identidades, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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