Sucesos Burgos: defensa solicita absolución por enfermedad mental del hombre acusado de apuñalar a su compañero de piso
La defensa del acusado del asesinato en grado de tentativa, Z.A.L, ha presentado una solicitud ante el juez para que se le conceda la «libre absolución» debido a que argumentan que en el momento del ataque, el acusado sufría de un brote psicótico que lo privaba de sus facultades mentales.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha mantenido la acusación de «delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa» y ha propuesto una sentencia de ocho años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, las costas legales, una prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante 12 años, una indemnización económica y los gastos médicos ocurridos.
El incidente tuvo lugar durante la madrugada del 10 de septiembre de 2022, cuando supuestamente el acusado apuñaló a su compañero de piso en múltiples ocasiones mientras este cocinaba y realizaba una videollamada. Según el Ministerio Público, las pruebas periciales han resultado contradictorias, pero se han basado en el testimonio de los forenses que examinaron al acusado después del incidente, quienes afirman que las puñaladas podrían haberle causado la muerte.
La psiquiatra habitual del acusado ha mencionado que este sufre brotes psicóticos y que presenta indicios de una posible esquizofrenia, aunque no ha sido diagnosticado formalmente debido a que se requiere de más tiempo para hacerlo. Además, el acusado no cumple con su tratamiento médico y también padece de adicciones al alcohol y las drogas, lo que agrava aún más su enfermedad mental. La psiquiatra ha recomendado un tratamiento prolongado en una institución especializada para ayudarlo a superar estas dificultades.
La defensa sostiene la argumentación basada en la pericia médica y agrega que la convivencia entre el acusado y la víctima nunca fue problemática, lo cual ha sido admitido por el propio agredido.
En caso de que el juez establezca la imputabilidad del acusado, se ejecutaría una pena de prisión de hasta cinco años y el resto de la condena sería sustituida por la expulsión del acusado de España durante diez años. Además, se ha propuesto una indemnización de más de 36.000 euros, de los cuales 6.400 euros ya han sido entregados por el padre del acusado. También se deberá indemnizar a la Gerencia Regional de Salud con 8.142,53 euros por los gastos de asistencia médica.
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