Defensa del acusado en caso de la muerte de Lukas Agirre pide nulidad parcial de la causa
La defensa del principal acusado en el caso de la muerte de Lukas Agirre sostiene que su cliente fue presuntamente coaccionado por un ertzaina para que se declarara culpable del crimen. Según la defensa, este agente está siendo investigado por Asuntos Internos. Los hechos sucedieron en la mañana del 25 de diciembre de 2022, a la salida de una discoteca en Donostia, donde Lukas Agirre fue apuñalado durante un altercado entre dos grupos de jóvenes. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el principal acusado y otro hombre, y tres años para una mujer acusada de encubrimiento. La acusación particular demanda 25 años de prisión para los dos hombres y dos años para la mujer.
La defensa del acusado como cooperador necesario afirma que este joven no participó en el fallecimiento de Lukas Aguirre. Por otro lado, la defensa de la mujer imputada argumenta que no estuvo presente en la agresión y que no puede ser encubridora de un crimen que desconocía. Además, el abogado del principal acusado sostiene la inocencia de su cliente, quien afirma que fue agredido continuamente durante una disputa entre los grupos de jóvenes sin tener conocimiento de la tragedia que ocurría.
Según la defensa, una vez arrestado, el acusado fue presionado por un agente para declararse culpable, alegando que había sido captado por cámaras de seguridad. Este agente ha sido investigado por Asuntos Internos por sus actuaciones en el procedimiento. Tras obtener la confesión del acusado, fue trasladado a un centro hospitalario para obtener muestras de sangre y orina. La defensa también critica que se haya denegado a las partes el acceso a las diligencias de la investigación judicial paralela sobre las actuaciones de ciertos agentes de la Ertzaintza, incluyendo al presunto ertzaina coaccionador.
Asimismo, se argumenta que la defensa ha enfrentado motivos de indefensión durante la instrucción de la causa, como la reducción del plazo para formular el escrito de defensa y la falta de acceso al expediente judicial completo. La defensa del otro acusado y la de la mujer procesada también denuncian vulneraciones a la igualdad de armas y al derecho a un proceso con todas las garantías.
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