Defensa alega «reacción desmedida» en el crimen machista de Tíjola en 2022
La defensa de Miguel Ángel J.M., el hombre encausado por el crimen machista de su esposa, Maite Corral, en mayo de 2022 en Tíjola (Almería), ha rechazado que el acusado cometiera un asesinato de forma premeditada y ha encuadrado los hechos en una «reacción desmedida» que se habría dado en el marco de una «discusión» de pareja.
El letrado Pedro Maldonado ha insistido en que su patrocinado «no actuó con ensañamiento ni aprovechó que la víctima estuviera dormida».
El abogado ha afirmado que «no tenía nada pensado ni premeditado» y ha descrito al acusado, de 58 años y conductor de profesión, como una persona «sin antecedentes ni perfil violento» que cometió «un error fatal» al dar muerte a la víctima en el marco de lo que, según considera, fue un homicidio.
Asimismo, ha señalado que el acusado intentó suicidarse tras los hechos en una finca de Vera situada a unos 70 kilómetros y a la que se fue tras el crimen de Maite Corral, y ha ofrecido todo su patrimonio para reparar el daño causado a sus hijos.
La Fiscalía de Almería acusa al procesado de un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, mientras que las acusaciones particulares, ejercidas por los familiares de la víctima, añaden además dos delitos de lesiones psíquicas a los hijos, castigados con hasta tres años de prisión.
Argumenta que el acusado adelantó un día su vuelta al domicilio familiar, el 27 de mayo de 2022, ante la sospecha de una posible infidelidad de la víctima, trabajadora del SAE, y que, tras mantener relaciones sexuales con la víctima, «la atacó de forma violenta mientras dormía, asfixiándola con sus propias manos». Después intentó quitarse la vida y se entregó 13 horas más tarde en la Policía Local de Vera.
La acusación sostiene que el ataque fue «sorpresivo» y que el cuerpo presentaba signos de «violencia extrema», especialmente en la cabeza y el cuello. Añade que el acusado ejercía un «control» sobre la víctima, de manera que limitaba sus relaciones sociales y su forma de vestir.
Además de la pena de 25 años de prisión, la Fiscalía solicita diez años de libertad vigilada y el pago de 448.000 euros en indemnizaciones a los familiares. La vista continuará este jueves con la declaración de testigos y peritos, entre ellos los forenses que realizaron la autopsia.
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