Conflicto por humedades tras demolición en Mas de Barberans
Una demolición que se transformó en un verdadero dolor de cabeza ha llevado a un enfrentamiento legal en Mas de Barberans, alcanzando la Audiencia Provincial de Tarragona. En 2019, unos propietarios decidieron derribar tres edificaciones en su terreno, dejando en pie una pared divisoria. Sin embargo, la falta de protección adecuada de este muro tras la demolición resultó ser un error costoso.
En marzo de 2022, después de intensas lluvias, el agua comenzó a filtrarse por esa pared expuesta, afectando gravemente la vivienda contigua. La Audiencia determinó que la responsabilidad recaía sobre los propietarios del terreno, quienes debían cubrir los gastos de reparación valorados en 5.717,25 euros, además de abonar 2.055,79 euros por los daños ocasionados en la casa vecina.
Todo comenzó en el verano de 2019, cuando se completó la demolición de las estructuras en la parcela. A pesar de que una pared permaneció en pie, esta quedó desprotegida y vulnerable a las inclemencias del tiempo. Las lluvias de marzo de 2022 revelaron el verdadero alcance del problema, con el agua infiltrándose y causando estragos en la pintura, el yeso y generando moho en el interior del hogar vecino.
La documentación judicial y los informes periciales apuntaron a que la falta de canalización del agua en la propiedad afectada contribuyó a que las filtraciones se hicieran evidentes. Los propietarios del terreno argumentaron que existían manchas de humedad antes de la demolición, respaldando su defensa con fotografías de junio de 2019, pero la Audiencia consideró que estas no eran concluyentes.
Además, se constató que una nueva estructura de contención de tierras había alterado el flujo de agua, agravando la situación. En septiembre de 2022, se intentó aplicar una capa impermeabilizante al muro, pero esta solución fue considerada insuficiente por los tribunales.
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia de Amposta falló a favor del vecino afectado en marzo de 2024, estableciendo un total de 7.773,04 euros a pagar por los propietarios del terreno, junto con los intereses y gastos legales. Aunque estos apelaron, la Audiencia Provincial de Tarragona ha confirmado la decisión del tribunal inferior, sentenciando que la demolición y la falta de protección del muro fueron responsables de las filtraciones.
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