«Condenado a dos años de cárcel por falsedad documental en Salamanca»
La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado una sentencia condenatoria a un hombre por el delito de falsedad documental. El acusado, empleado de una empresa de construcción en Herguijuela de la Sierra, recibió la responsabilidad de gestionar los asuntos laborales, contables y fiscales de la compañía por parte de su dueño, según consta en la sentencia.
Este individuo, quien ya tenía antecedentes penales no relacionados con este caso, actuó como autorizado RED de la empresa, llevando a cabo trámites ante la Seguridad Social sin el consentimiento ni conocimiento del dueño. Entre estas gestiones, procedió a dar de alta y baja a varios ciudadanos extranjeros en el sistema de seguridad social sin el conocimiento del propietario.
Actuación de la Inspección de Trabajo
En respuesta a las sospechas de que la empresa podría ser ficticia, la Inspección de Trabajo inició una investigación. Según los registros laborales, la empresa había dado de alta a siete trabajadores extranjeros, de los cuales ninguno tenía experiencia en el sector de la construcción y habían estado inscritos en periodos muy cortos de tiempo. La Inspección citó al acusado en dos ocasiones, pero no compareció.
Como resultado de la investigación, se formuló un acta de infracción y se propuso una sanción económica por la simulación de relaciones laborales. El acusado presentó un documento falso dirigido a la Jefatura de la Inspección de Trabajo, impugnando el acta de infracción y negando cualquier fraude.
La Inspección modificó las cuantías propuestas en el acta de infracción y finalmente impuso una multa de 30.003 euros al dueño de la empresa. En un intento de encubrir sus acciones, el acusado presentó un escrito falso, suplantando la firma del dueño y cuestionando la sanción.
Ante la confirmación de la sanción por parte de la Subdelegación de Gobierno, el dueño, al enterarse de los hechos y de su obligación de pagar una multa por acciones que no había realizado, presentó una denuncia.
Estos hechos han causado perjuicios al denunciante, tanto por la sanción impuesta como por el pago de cuotas fraudulentas.
Condena
La sentencia condena al acusado por falsedad documental y le impone una pena de dos años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo. Además, se le impone una multa de seis meses, con una cuota diaria de tres euros, y se establece la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
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