Condenado a más de 14 meses de prisión tras dar varios puñetazos en la cabeza a un celador en un centro de Salud de la Costa

Condenado a prisión por agredir a un celador en un centro de salud de la Costa

A puñetazo limpio.
Un vecino de Polopos – La Mamola ha sido condenado a más de 14 meses de prisión tras propinar varios puñetazos en la cabeza a un celador en un centro de salud de Castell de Ferro. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre, cuando la Guardia Civil trasladó al agresor al centro de salud para que fuera atendido. Sin motivo aparente, el acusado mostró actitud nerviosa y agresiva, lo que llevó al celador a asomarse a una dependencia para ver qué ocurría. En ese momento, fue atacado y golpeado por el agresor. Además, otros afectados también sufrieron lesiones tras intentar mediar en la situación.

La sentencia del Juzgado Mixto número 4 de Motril declara al agresor culpable de un delito de atentado y también lo condena al pago de una multa por lesiones leves ocasionadas. Además, deberá indemnizar a las víctimas por responsabilidad civil y asumir las costas procesales. Esta sentencia ha sido recibida con satisfacción por la Gerencia y el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, quienes recientemente denunciaron públicamente las agresiones que sufren los profesionales sanitarios durante el desempeño de sus funciones.

La agresión al celador no es un caso aislado, sino que forma parte de un preocupante incremento en las agresiones a personal sanitario. Durante el año 2023, se registró un aumento del 75% en este tipo de incidentes, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria. Estos actos violentos han causado un impacto significativo en los profesionales de la salud, como lo demuestra el caso de un enfermero, una celadora y dos agentes de seguridad del Hospital Santa Ana de Motril que resultaron gravemente heridos a principios de 2023.

Es importante resaltar que las agresiones a profesionales sanitarios constituyen un delito contra la autoridad y pueden ser denunciadas por vía penal. Incluso las acciones que difamen la profesionalidad de un trabajador de la salud, ya sea en redes sociales u otros medios, pueden ser consideradas ilícitas y ser objeto de denuncia.