Hoy se ha hecho público que el Colegio de la Psicología de Gipuzkoa ha tomado medidas disciplinarias contra una forense del equipo psicosocial judicial de Donostia. La profesional ha sido sancionada por tres faltas leves y una grave debido a la violación del código deontológico y la destrucción de pruebas en un caso de custodia de una menor en un contexto de divorcio. La falta grave que ha llevado a la multa de 600 euros incluye una advertencia de que una reincidencia podría ser considerada como muy grave.
El Colegio de Psicología ha detallado que las tres faltas leves están relacionadas con la falta de solidez y fundamentación objetiva en la intervención judicial, la carencia de imparcialidad y rigurosidad, y la falta de actualización de su competencia profesional. También se menciona que la profesional no reconoció los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas.
Estos hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer solicitó un informe pericial a la forense sobre la idoneidad de la guardia y custodia compartida de una menor de 16 años. El informe concluyó que la madre debía estar conviviendo de forma continua con las hijas, pero esta conclusión fue refutada por el propio juzgado en enero de 2022, cuando atribuyó al padre la guardia y custodia de la chica. La sentencia destacó la contradicción entre las conclusiones de la psicóloga y el testimonio de la menor.
La madre apeló esta decisión ante la Audiencia de Gipuzkoa, que nuevamente respaldó al padre y criticó la metodología utilizada por la perito. Además, el tribunal señaló que la forense no consideró necesario entrevistar a la hija mayor del matrimonio ni hizo referencia específica a la relación de la menor con ambos progenitores. También se hizo constar que la forense destruyó los datos obtenidos en las entrevistas y las pruebas realizadas.
Durante el proceso judicial, el padre contrató a otro perito psicólogo para rebatir las conclusiones de la forense, pero no pudo acceder a los test y grabaciones de las entrevistas, ya que habían sido destruidos. La forense admitió en un documento que se deshizo de los datos, argumentando que el informe ya contenía toda la información pertinente.
El padre presentó una denuncia ante el Colegio de la Psicología de Gipuzkoa, acusando a la perito de mala praxis. Finalmente, el colegio concluyó que la profesional cometió una falta grave y tres leves, imponiendo una multa, amonestaciones por escrito y la obligación de recibir formación relacionada con la elaboración de informes psicológicos.
Es preocupante que haya ocurrido una falta tan grave en el ámbito judicial y que las pruebas hayan sido destruidas. La imparcialidad y rigurosidad son fundamentales en cualquier actuación de un profesional de la psicología.
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