Choque policial por el nuevo 112 en Navarra: los forales denuncian pérdida de peso y los nacionales aseguran que están excluidos
El reciente lanzamiento del sistema de gestión de emergencias del 112 en Navarra ha generado un intenso conflicto entre los sindicatos de la Policía Foral y la Policía Nacional. Ambos sectores han expresado sus reservas sobre el funcionamiento de la nueva plataforma, pero sus quejas parecen apuntar en direcciones opuestas.
Esta nueva plataforma única busca optimizar la coordinación en la gestión de avisos policiales, permitiendo que los recursos disponibles respondan de manera más ágil ante situaciones críticas. Sin embargo, los representantes de ambos cuerpos aseguran que esta mejora no se está materializando como se esperaba.
Por un lado, los sindicatos predominantes de la Policía Foral —CSIF/SPF, APF y AFAPNA/UPF— alertan que el nuevo modelo podría llevar a la transferencia de ciertas investigaciones y delitos que antes eran competencia del cuerpo autonómico a otras fuerzas de seguridad. En contraste, los sindicatos de la Policía Nacional —SUP, JUPOL y UFP— sostienen que están siendo excluidos de numerosas llamadas y avisos que deberían ser atendidos por ellos.
Mientras que los representantes forales temen que su capacidad operativa se vea disminuida a favor de otros cuerpos, los nacionales se quejan de que no están recibiendo la información necesaria para actuar en muchas situaciones.
Preocupaciones de la Policía Foral sobre el nuevo modelo
Desde su implementación el 14 de agosto, los sindicatos de la Policía Foral han señalado varias irregularidades en la asignación de avisos y la coordinación entre las centralitas. Su principal inquietud radica en el futuro rol de la Policía Foral dentro de este nuevo sistema, argumentando que este cuerpo necesita más competencias, recursos materiales y personal para consolidarse como la Policía integral y de referencia en Navarra.
Los sindicatos sostienen que, con este sistema, se espera una reducción en el número de casos que la Policía Foral investiga, afectando incluso a algunos delitos que consideran estratégicos. No atribuyen esta disminución a una baja en la criminalidad, sino a que otros cuerpos asumirán ciertos casos que antes eran manejados por ellos.
Además, critican la falta de transparencia en la negociación y el despliegue del sistema, acusando al Ministerio del Interior del Gobierno de Navarra de actuar con «oscurantismo» y de no proporcionar la información solicitada durante las negociaciones con el Estado.
Quejas de la Policía Nacional sobre la exclusión en la gestión de emergencias
Por su parte, la perspectiva de SUP, JUPOL y UFP es notablemente diferente. Estos sindicatos afirman que el nuevo sistema se presentó como una herramienta común destinada a coordinar eficazmente a las diferentes fuerzas policiales, utilizando criterios como la geolocalización y la disponibilidad de patrullas. Sin embargo, argumentan que, en la práctica, esta coordinación no se está llevando a cabo.
Denuncian que no hay una gestión efectiva de la plataforma y que, contrariamente a lo prometido, la geolocalización de vehículos no se está implementando. Esto ha llevado a que la Policía Nacional quede «de facto, al margen» de muchas incidencias.
Un ejemplo claro de esta situación se observa en la gestión de llamadas al 091, donde afirman que los ciudadanos ya no pueden contactar directamente con la Policía Nacional, y que las incidencias están siendo sistemáticamente canalizadas hacia la Policía Municipal y la Policía Foral.
Esto provoca que los agentes de la Policía Nacional se queden sin información sobre numerosos avisos, limitando su capacidad de intervención. Además, critican que existe un filtro previo que impide que todas las demandas lleguen a los cuerpos disponibles.
Un panorama de discordia en la gestión de emergencias
El resultado de esta situación es una dualidad de quejas. Mientras los sindicatos de la Policía Foral advierten sobre la posible pérdida de competencias y carga de trabajo, los de la Policía Nacional claman que están siendo excluidos de la gestión de emergencias.
Los representantes de la Policía Foral también han señalado «disfunciones» graves en el sistema desde su implementación, incluyendo casos en los que se han asignado incidencias al cuerpo más cercano, pero este ha llegado tarde a la escena. Además, han observado retrasos en la transferencia de llamadas entre centralitas, lo que contradice el objetivo del nuevo modelo de respuesta rápida.
Asimismo, critican la situación de la Policía Municipal de Pamplona, argumentando que su falta de integración plena en el sistema está generando pérdida de tiempo y valiosa información durante emergencias.
Demandas de cambio desde ambos lados
A pesar de sus diagnósticos divergentes, ambos bloques sindicales coinciden en que el funcionamiento actual es insatisfactorio y necesita ser modificado. Los sindicatos de la Policía Foral solicitan que se comparta información entre las distintas fuerzas y que se revise el modelo para optimizar la respuesta, manteniendo el objetivo de fortalecer a la Policía Foral como cuerpo de referencia en Navarra.
Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional demandan una plataforma conjunta, transparente y operativa que permita la participación efectiva de todos los cuerpos. Exigen que no existan filtros ni derivaciones que puedan dejar a alguno de los cuerpos fuera del proceso de gestión de emergencias.
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