Caso Siglo XXI: Imputados directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote por malversación de fondos

Caso Siglo XXI: Imputados directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote por malversación de fondos

Escándalo por desvío de fondos en centros de menores extranjeros en Canarias

La Policía Nacional ha finalizado una extensa investigación económico-patrimonial que ha resultado en la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y la fundación encargada de gestionar dichos centros. La pesquisa, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, tuvo inicio en 2022 luego de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España, que alertaba sobre operaciones bancarias sospechosas vinculadas a los responsables de los centros de acogida de menores no acompañados.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas inició Diligencias de Investigación y puso en marcha la operación Tabaiba, también conocida como Caso Siglo XXI, una investigación exhaustiva que se extendió por tres años. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria tomó el caso, que actualmente está bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

El fiscal Javier Ródenas señaló que la fundación investigada recibió del Gobierno de Canarias más de 12 millones de euros por servicios prestados entre 2020 y 2022, pero no justificó adecuadamente los gastos, lo que llevó a un presunto desvío de fondos a cuentas personales y a la realización de compras para uso personal con dinero público. Se detectaron más de un millón de euros retirados y gastos personales cargados a los centros, así como facturación presuntamente falseada y alquileres sobredimensionados.

La investigación también reveló que los directores de los centros, el empresario inmobiliario y la fundación implicada están siendo imputados por la Fiscalía Europea. Se espera que las conclusiones finales determinen el alcance del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.

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