Sentencia contra aseguradora médica por deficiente atención que resultó en la muerte de una paciente
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga ha emitido un fallo que condena a Segurcaixa Adeslas a indemnizar a la familia de una mujer de 75 años que falleció tras sufrir una grave hemorragia que no fue adecuadamente controlada, lo que llevó a un fracaso renal. La cantidad a pagar por parte de la aseguradora asciende a 137.426 euros, destinados al esposo y a la hija de la difunta, según se revela en el documento al que ha tenido acceso SUR.
La paciente, que ya enfrentaba varios problemas de salud, tuvo un accidente en Francia el 18 de marzo de 2019, donde se le diagnosticó, a través de un TAC, una fractura sacra sin desplazamiento y un hematoma. Con su póliza de seguro, acudió el 26 de abril al servicio de urgencias de un hospital privado en Marbella, donde se quejaba de dolor y mostraba hematomas lumbares. Tras una valoración inicial, fue dada de alta con el diagnóstico de lumbalgia.
Con el apoyo del abogado Damián Vázquez, del Defensor del Paciente, la familia denunció que, a pesar de que presentaba claros signos de anemia severa, insuficiencia renal aguda, hematomas extensos y un deterioro progresivo, la atención médica que recibió fue inadecuada.
A pesar de su condición crítica, la mujer fue dada de alta sin que se implementaran medidas para controlar la hemorragia. Horas después, tuvo que ser reingresada debido al agravamiento de su estado, con síntomas de sangrado activo y fallo multiorgánico, según lo indicado por el Defensor del Paciente.
La situación se deterioró aún más, y el fallo judicial señala que no se tomaron las medidas necesarias frente a un gran hematoma que estaba afectando su vejiga, lo que contribuyó a la anemia severa y al fracaso renal. A pesar de que se evidenció que el tratamiento no estaba funcionando, se decidió mantener una postura conservadora sin realizar las intervenciones pertinentes.
Finalmente, la paciente falleció el 29 de abril sin que se llevaran a cabo las técnicas adecuadas, lo que impidió la implementación del tratamiento necesario que podría haber evitado su deterioro. Los jueces afirmaron que esta situación causó un grave perjuicio que culminó en el deceso de la mujer, estableciendo una clara relación de causalidad entre la falta de atención médica y el resultado fatídico.
La aseguradora deberá asumir la responsabilidad, ya que, según las cláusulas del contrato, no solo actuaba como intermediaria, sino que también tenía la obligación de asegurar la correcta prestación de los servicios médicos a sus asegurados, tal como ha reiterado el Tribunal Supremo. Con esta decisión, se confirma la indemnización de 137.426 euros.
Además, la compañía tendrá que cubrir los intereses correspondientes, lo que podría elevar la cifra total a más de 273.500 euros, según declaraciones del Defensor del Paciente.
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