La mayor exportadora de atún rojo a nivel mundial, la empresa cartagenera Ricardo Fuentes, será juzgada por la Audiencia Nacional por su supuesta comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y por blanqueo de beneficios obtenidos de esta práctica. En el juicio también estarán involucrados un guardia civil y los responsables del Grupo Pescnortmar.
La investigación ha revelado las pésimas condiciones de salubridad en las instalaciones utilizadas por Ricardo Fuentes y las malas condiciones de consumo humano de los atunes, los cuales eran inyectados con aditivos para dar una apariencia fresca, poniendo en grave peligro la salud pública. La magistrada considera que estos hechos podrían constituir delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
El Grupo Ricardo Fuentes, junto con otras once empresas, es el mayor exportador de atún rojo, con sede en Cartagena y granjas de engorde en Murcia, Malta y Túnez, y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
Modus operandi de la trama
El auto explica que parte de las actividades de esta trama se realizaban legalmente, cumpliendo con la normativa, mientras que otra parte consistía en introducir en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, omitiendo o falsificando la documentación requerida. Este engaño entre el atún ilícito y el en buen estado tenía como objetivo dificultar la detección del fraude.
Para introducir el atún capturado de forma irregular o procedente de exceso en las granjas de engorde, se recurría a falsificaciones de documentos. La constante adquisición de atún rojo ilícito y el uso de documentación manipulada impedían la trazabilidad de los alimentos, lo cual es fundamental para la salud pública. Además, parte del atún se encontraba en mal estado, por lo que se le inyectaban aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
En el auto de pase a procedimiento abreviado se da un plazo para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.
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