Cuatro acusados por el crecepelo en omeprazol suministrado a niños, a juicio en Málaga
El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha decidido dar un paso adelante en el sonado caso del minoxidil, conocido popularmente como crecepelo, que fue erróneamente administrado en 2019 a niños de diversas edades y de diferentes comunidades autónomas, al confundirlo con omeprazol, un protector gástrico. Este proceso judicial involucra a cuatro personas y a una empresa que enfrentan acusaciones serias. La audiencia se llevará a cabo en un juzgado penal.
El auto judicial indica que las acusaciones se centran en delitos relacionados con la salud pública y la negligencia profesional, resultando en lesiones a los menores afectados. Aunque la Fiscalía solicitó archivar el caso alegando que no había pruebas suficientes para proceder, la situación ha tomado un giro inesperado con la apertura del juicio.
La investigación reveló que el error en el suministro del minoxidil impactó a 21 menores, con edades que oscilan entre dos meses y siete años, y que residen en comunidades como Cantabria, Valencia y Andalucía. Se ha señalado a la empresa responsable del etiquetado y a cuatro individuos relacionados con ella, incluyendo al administrador único y al director técnico.
Una de las acusaciones particulares busca condenar a los cuatro implicados por un delito de salud pública y negligencia profesional, exigiendo tres años de prisión y una indemnización de 20.000 euros por daños reputacionales. Mientras tanto, los representantes de otros grupos de menores han presentado diversas acusaciones dirigidas a la empresa y sus responsables, alegando delitos que van desde la alteración de medicamento hasta lesiones leves por imprudencia.
Las penas solicitadas para los principales acusados varían entre multas y cinco años de prisión, mientras que para los otros dos, se demandan tres años de cárcel. Además, se exige que cada uno de ellos compense económicamente a las víctimas por las secuelas y daños ocasionados, con montos que van desde 311.995 euros para el administrador hasta más de 282.000 euros para el técnico.
A pesar de las acusaciones, la Fiscalía sostiene que los menores no sufrieron efectos adversos significativos tras interrumpir la administración del medicamento y que el crecimiento de vello promovido por el minoxidil se detuvo sin complicaciones posteriores. Así, el fiscal concluyó que las lesiones deberían clasificarse como delitos leves que no son punibles en su modalidad imprudente, sugiriendo el archivo de las actuaciones.
Respecto al posible delito contra la salud pública, se concluyó que el problema se debió a un error en el etiquetado y reenvasado del omeprazol, lo que excluye la intención dolosa de los implicados. Además, se aclaró que la farmacéutica contaba con los permisos necesarios para manipular y envasar los productos.
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