Agresión en Centro de Protección de Menores en Huelva pone en alerta la seguridad en estos recursos
La agresión sufrida por dos educadores sociales en el Centro de Protección de Menores (CPM) Juan Ramón Jiménez de Huelva ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad en este tipo de recursos. El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 4 de junio, cuando un usuario del centro agredió a ambos trabajadores y provocó además diversos daños materiales en las instalaciones.
Tras el altercado fue necesaria la intervención de unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los dos empleados públicos de la Junta de Andalucía tuvieron que recibir asistencia por parte de los servicios sanitarios de urgencias debido a las lesiones sufridas.
A raíz de estos hechos, CSIF Huelva ha denunciado la situación de inseguridad que, según el sindicato, se vive en el centro y ha exigido la adopción inmediata de medidas para garantizar la protección de los trabajadores y de los propios menores residentes.
La organización sindical sostiene que no se trata de un episodio aislado. Según indica, existen usuarios reincidentes y las situaciones de violencia física y verbal se producen de forma reiterada. Los profesionales del centro alertan además de que algunos menores presentan perfiles que no se corresponden con un recurso residencial básico en régimen abierto, lo que genera conflictos que el personal no puede gestionar con garantías suficientes de seguridad.
CSIF también denuncia la falta de recursos preventivos. El centro carece de vigilantes de seguridad y tampoco dispone de sistemas de alerta rápida como botones antipánico. A ello se suma el elevado número de bajas laborales, una circunstancia que provoca que algunos turnos se cubran con personal insuficiente o incluso con trabajadores en solitario.
El sindicato reclama la aplicación efectiva del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y pide a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que adopte medidas estructurales para adaptar el centro a la realidad actual. Entre las demandas figuran el refuerzo de personal, una mayor seguridad y la revisión de los criterios de derivación de menores.
CSIF insiste en que la situación afecta tanto a los profesionales como a los propios usuarios del centro y advierte de que la protección de los menores y la seguridad de los trabajadores son objetivos inseparables para garantizar un servicio público de calidad. Por ello, exige una respuesta urgente de la administración y alerta de que no se puede seguir normalizando la violencia en los centros de protección.
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