El caso Cursach continúa con el juicio a Miguel Pascual por sobornar a policías
Después de la sorprendente exculpación de todos los acusados en el caso Cursach, incluyendo al líder Bartolomé Cursach, parecía que el caso estaba cerrado. Sin embargo, hay otras causas relacionadas que también están siendo investigadas, como las acusaciones contra el empresario del ocio nocturno Miguel Pascual. Próximamente, Pascual se sentará en el banquillo acusado de formar una trama corrupta para favorecer sus locales en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente en sus establecimientos.
El Arenal de Palma es una de las principales zonas turísticas de la ciudad y durante el verano es el epicentro del ocio nocturno, que en gran medida estaba controlado por Bartolomé Cursach y la familia Pascual.
Junto a Miguel Pascual, también serán juzgados nueve agentes de la Policía Local de Palma y un funcionario del Ayuntamiento. Se les acusa de participar en una trama de corrupción relacionada con sobornos a cambio de favores.
La vista preliminar del juicio concluyó sin acuerdo entre las partes, por lo que la celebración del juicio está confirmada para el próximo mes de abril.
El fiscal Carrau pide penas que suman 50 años de cárcel
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau solicita penas de prisión de hasta 50 años para los acusados, por delitos de prevaricación administrativa y cohecho. El intento de alcanzar un pacto de conformidad entre el fiscal y las defensas fue descartado en la vista del pasado jueves. El juicio se llevará a cabo como estaba previsto.
Esta pieza del caso Cursach es parte de la investigación sobre la presunta corrupción en la Policía Local de Palma. Miguel Pascual era un competidor inicial de Cursach en el sector del ocio nocturno y ambos empresarios llegaron a un acuerdo para repartirse el negocio en Mallorca.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Cursach y Pascual utilizaron métodos mafiosos y sobornaron a agentes de la Policía Local para perjudicar a sus competidores a cambio de favores. El juicio en abril tratará los hechos ocurridos entre 2007 y 2015.
Sobornos a cambio de protección policial
El escrito de acusación relata que el empresario acusado regalaba servicios sexuales y consumiciones a los otros acusados a cambio de recibir avisos de inspecciones. Además, se sospecha que el funcionario acusado intervino en expedientes relacionados con los locales del empresario.
También se mencionan órdenes de protección policial a los locales de Pascual, en detrimento de los negocios de la competencia. Varios agentes de la Policía Local elevaron quejas al respecto.
El fiscal solicita cinco años de prisión y una multa de 60.000 euros para el empresario Miguel Pascual, y penas de inhabilitación y multas para los demás acusados.
Además de esta pieza, todavía hay otra pendiente de resolución relacionada con los delitos de extorsión y organización criminal contra Bruno da Silva, uno de los principales afectados por la trama corrupta de Miguel Pascual y su hijo.
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