Absuelven a acusados de delito contra la salud pública por anulación de registro relacionado con el crimen de Los Minos
En una resolución sin precedentes, el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería ha absuelto a varios acusados de un delito contra la salud pública debido a la excepción de cosa juzgada y a la anulación de un registro policial. Este registro se llevó a cabo en una vivienda de Gádor (Almería) en mayo de 2019, después del asesinato de un hombre que resultó en la condena de cuatro miembros del clan de Los Minos a penas de entre 42 y 21 años de cárcel.
El fallo, que puede ser apelado, absuelve a dos acusados debido a la anulación del registro y a otros dos al entender que ya habían sido procesados anteriormente por el mismo delito. Estos procesamientos se derivaban de la investigación del asesinato que tuvo lugar en la mencionada vivienda de Gádor, lo que llevó a realizar diferentes registros en busca de pruebas relacionadas con el caso.
Durante estos registros se encontraron plantaciones de cannabis y otras pruebas que dieron lugar a un nuevo proceso. Sin embargo, el juez invalida la entrada a una de las viviendas debido a la falta de autorización judicial, concluyendo que la entrada de los agentes fue ilegítima.
La vivienda en cuestión tenía la puerta abierta y los investigadores accedieron sin el consentimiento de los moradores, sin que se constatara que se estuviera cometiendo un delito en el momento de la entrada. Aunque los agentes percibieron un olor a marihuana y vieron un arma de fuego en el suelo, la constatación de estos elementos resultó confusa en el informe.
En relación a otros dos acusados, la sentencia establece que no pueden ser juzgados nuevamente por los mismos hechos, ya que ya fueron procesados en un procedimiento anterior que se resolvió con la absolución de una de las acusadas.
Además, ocho acusados son absueltos del delito de pertenencia a grupo criminal por falta de pruebas que demuestren una estructura con roles definidos entre los acusados. Cuatro de ellos también son absueltos del delito de depósito de armas, ya que no se ha demostrado suficientemente la relación entre las armas encontradas durante la intervención policial y los acusados.
El fallo impone penas de entre 12 y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública a tres de los acusados, teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y, en algunos casos, la confesión de los acusados. Se ha probado que en una de las viviendas de dos de los acusados se encontraron 145 maceteros con plantas de cannabis, sistemas de riego y lámparas, con un valor total de más de 3.840 euros. Al tercer condenado se le encontraron 214 maceteros con plantas de cannabis y maquinaria asociada en su vivienda, con un valor estimado de unos 6.520 euros, admitiendo él mismo la posesión de la droga.
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