El veredicto del crimen de los colombianos: la expareja de Lucía Garrido, «culpable parcialmente»
Han transcurrido 17 años desde el trágico desenlace que costó la vida a los colombianos Derian José Morales y Edward Andrés Gómez, el 25 de abril de 2009, en la finca de Los Naranjos, situada en Alhaurín de la Torre. El único señalado por el doble homicidio, Manuel Alonso, excompañero de Lucía Garrido—quien ya enfrenta una condena como colaborador necesario en el asesinato de la mujer, aunque su sentencia aún está bajo revisión en el Tribunal Supremo—ha sido objeto de juicio esta semana. Tanto la Fiscalía como su defensa apelaron a la legítima defensa; él alegó que, tras escuchar a su perro ladrar, salió a investigar con una escopeta, creyendo que un animal salvaje había escapado, y se encontró con los hombres armados, a quienes disparó en un intento de repeler la agresión.
El jurado popular, no obstante, ha llegado a la conclusión de que Manuel Alonso estaba al tanto de que su hogar sería objeto de un asalto con el propósito de realizar un ‘vuelco’ (robo de droga) y que se encontraba listo para abrir fuego. En este sentido, el tribunal ha determinado por unanimidad que el procesado actuó en defensa propia, aunque su reacción de disparar a los dos fallecidos no fue completamente racional ni adecuada. Además, el jurado ha señalado que el acusado había anticipado la posibilidad de un asalto esa noche o en noches posteriores, evidenciado por la presencia de tres armas distribuidas por la casa, listas para ser utilizadas.
El tribunal no ha podido establecer la distancia exacta de los disparos realizados por Manuel Alonso, pero sí ha determinado que se efectuaron a corta distancia y en un contexto de defensa ante la amenaza de perder su vida, sustentándose en las declaraciones y pruebas que confirman que las víctimas ingresaron armadas en la propiedad. Sin embargo, el jurado no ha logrado concluir quién disparó, citando la falta de evidencia concluyente y contradicciones en los testimonios, así como la ausencia de informes periciales que clarifiquen la secuencia de los disparos. Igualmente, no se ha podido verificar si hubo manipulación en la escena del crimen, específicamente en la ubicación de los cuerpos y las armas de los fallecidos.
A pesar de que el incidente no fue instigado por él, los miembros del jurado consideran que podría haberse evitado, dado que ya esperaba el asalto. Este análisis ha llevado a un veredicto de culpabilidad parcial, y las acusaciones han exigido que Manuel Alonso ingrese en prisión, presentando un riesgo de fuga, especialmente considerando que aún se encuentra a la espera de la decisión sobre su condena por el asesinato de Lucía Garrido. La acusación particular, representando a las familias de las víctimas, y la acusación popular, a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han solicitado penas que rondan los 20 años de prisión por los homicidios, teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que la defensa ha pedido una eximente incompleta y las mismas atenuantes.
Al concluir el juicio, el abogado de la defensa, Guillermo Jiménez, argumentó que, dado que no se puede establecer el orden de los disparos, debería prevalecer la presunción de inocencia, sugiriendo que el jurado debió emitir un veredicto de no culpabilidad. Por su parte, Luis Portero, representante de la acusación, destacó que el resultado del juicio es un esfuerzo por mantener el honor de la Guardia Civil, y el exguardia civil Ignacio Carrasco calificó de «inadmisible» que se argumente la legítima defensa en un enfrentamiento entre delincuentes en lo que él describió como «una guardería de droga». Además, dedicó el veredicto a los agentes que perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico la semana anterior en Huelva.
Es importante mencionar que Manuel Alonso ya cumple una condena de tres años de prisión, junto con el exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga, Valentín Fernández, por diversos delitos vinculados al tráfico de drogas y falsedad en el conocido caso EDOA.
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