Detenido en Ourense por una presunta estafa de más de 325.000 euros
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de un residente en Ourense bajo la sospecha de haber cometido un delito de estafa que ha causado un daño económico superior a los 325.000 euros. Esta acción es parte de la operación MAXIPLAN, que se inició tras recibir múltiples denuncias sobre una posible red dedicada a la captación de fondos a través de productos de inversión y seguros que prometían rendimientos elevados.
Las indagaciones revelan que este esquema se habría implementado a lo largo de varios años. Según los informes de las autoridades, la confianza generada con los clientes, junto con una fachada profesional vinculada a la actividad aseguradora, facilitaron la obtención de inversiones monetarias.
Las víctimas, en su mayoría, habrían confiado dinero para lo que se presentaba como depósitos o productos de inversión, esperando rendimientos anuales que fluctuaban entre el 3,95 % y el 7,40 %.
Uno de los casos más significativos en la investigación se extendió durante varios años, con aportaciones realizadas a través de múltiples transferencias bancarias. Cuando una de las afectadas intentó recuperar más de 46.000 euros, recibió varios justificantes de transferencia que resultaron no ser efectivos.
Las posteriores verificaciones ante las entidades involucradas revelaron que no existían registros de los depósitos o aportes que se habían prometido a los afectados. Además, se investiga la posible utilización de documentos falsificados para otorgar apariencia de legitimidad a las transacciones.
Asimismo, se están indagando los cobros de primas de seguros, que fueron realizados tanto en efectivo como mediante transferencias. En estos casos, se habrían presentado justificantes que supuestamente acreditaban la contratación de pólizas.
Las comprobaciones llevadas a cabo con las compañías aseguradoras han mostrado que algunas de estas pólizas no fueron formalizadas de forma adecuada. Varias personas afectadas se enteraron de la situación tras recibir notificaciones de sus aseguradoras.
Durante el transcurso de la investigación, la Guardia Civil identificó a varias personas que podrían haber sido víctimas de procedimientos similares. El daño económico documentado en los informes policiales supera los 325.000 euros, afectando a múltiples víctimas y operaciones.
La pesquisa sigue en marcha y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados en este caso.
