Veredicto de culpabilidad hacia mujer que asfixió y enterró a su bebé
En una impactante decisión, el jurado popular ha declarado a una mujer culpable de asfixiar y enterrar a su recién nacida en Vícar, Almería. La Audiencia almeriense leyó el veredicto esta tarde, tras una semana de juicio en la que la acusada afirmó que la niña había nacido muerta y con el cordón umbilical enredado en su cuello.
De manera unánime, el jurado consideró que la mujer había realizado un «hecho delictivo al quitar intencionadamente la vida a su bebé, aprovechándose de su condición de recién nacida incapaz de defenderse».
La declaración de la acusada y el testimonio de los guardias civiles fueron fundamentales para el jurado, que concluyó que la mujer efectivamente dio a luz a su hija el 7 de marzo de 2020. Las forenses confirmaron que la criatura estaba «viva y a término» debido a los signos encontrados en su cuerpo y los testimonios de los testigos.
Resaltaron que la muerte fue provocada por la asfixia mecánica ejercida por la acusada, quien dejó marcas en el cuello de la menor, además de causarle un traumatismo en el labio superior derecho. Negaron la versión de la mujer, quien aseguraba que la niña había sido asfixiada accidentalmente con el cordón umbilical.
El testimonio de una vecina fue clave para demostrar que la acusada deshizo de la placenta y la ropa de la niña en una balsa de riego. Los guardias civiles encontraron el cuerpo enterrado junto a la puerta de la acusada, cuyo ADN también estaba en la azada utilizada para ocultar al bebé.
El jurado enfatizó que los actos de la acusada no fueron impulsivos, sino meditados, y que no presentaba ninguna enfermedad mental que afectara su responsabilidad penal, simplemente un trastorno depresivo reactivo causado por su encarcelamiento y la pérdida de contacto con su familia.
La fiscalía ha solicitado una pena de prisión permanente revisable y una indemnización de 120.000 euros al padre de la niña. El abogado del padre está de acuerdo con esta petición, pero valora la indemnización en 150.000 euros.
Por su parte, el abogado de la acusada ha solicitado que se considere la atenuante de dilaciones indebidas debido al tiempo excesivo que la causa pasó en fase de instrucción sin causa justificada.




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