Hombre enjuiciado por maltrato, violación y amenazas de decapitación a su compañera en Santa Pola
Un hombre se enfrenta a una condena de 16 años y medio de prisión por los delitos de maltrato, violación y amenazas de cortarle la cabeza a su pareja sentimental en Santa Pola. El juicio se llevará a cabo mañana, 10 de septiembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante.
Los presuntos hechos ocurrieron el 16 de julio de 2023, en la residencia de la víctima en Santa Pola. Según la acusación pública, el acusado, quien mantenía una relación sentimental con la víctima desde 2020, presuntamente la forzó sexualmente en el baño de la vivienda y en una habitación, mientras la golpeaba para someter su resistencia y negación.
Posteriormente, la agredió nuevamente, según el Ministerio Fiscal, propinándole puñetazos en la cara y rompiendo su pijama. La mujer logró descender al piso inferior del edificio, pero él la persiguió y supuestamente la agarró del cuello, impidiéndole respirar parcialmente, para finalmente amenazarla con decapitarla si salía de una habitación.
La Fiscalía califica estos hechos como un delito de agresión sexual con violencia en el contexto de violencia de género, solicitando una pena de 13 años y 6 meses de cárcel. Además, también se le acusa de un delito de maltrato, por el que se pide un año de prisión, y un delito de amenazas, para el que se solicitan dos años más de condena.
Juicio a narcotraficantes
En el mismo día, pero en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, tres presuntos narcotraficantes se encontrarán en el banquillo de los acusados por traficar con hachís y cocaína en tres domicilios de Santa Pola. Varios de los acusados cuentan con antecedentes por delitos similares.
Estos individuos fueron arrestados el 12 de marzo de 2020 en una operación realizada por la Guardia Civil, durante la cual se confiscaron pequeñas cantidades de drogas, dinero en efectivo y libretas con anotaciones de las ventas realizadas, entre otros elementos incriminatorios.
La Fiscalía está solicitando provisionalmente penas que oscilan entre los cuatro y los siete años de cárcel por delitos contra la salud pública para estos acusados.
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