Desarticuladas dos bandas criminales que regularizaban ilegalmente migrantes asiáticos, con un detenido en Logroño
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y Europol, se ha logrado desmantelar dos organizaciones criminales que se dedicaban a regularizar de forma ilícita a migrantes asiáticos en España. En total, han sido detenidas 69 personas, entre ellas una en Logroño. De los arrestados, 35 formaban parte de las bandas criminales y habían establecido una infraestructura para regularizar a más de 1.000 ciudadanos, obteniendo ganancias de aproximadamente cinco millones de euros.
Las organizaciones, cuyo radio de acción incluía las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para llevar a cabo la documentación necesaria y así obtener tarjetas de residencia de manera ilegal. A cambio, los implicados cobraban entre 500 y 1.000 euros por cada migrante regularizado.
La investigación, en la que también participó EUROPOL, constó de dos fases. En la primera, se llevaron a cabo las detenciones de 35 personas en Toledo, Madrid, Guadalajara y Palencia, acusadas de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. En la segunda fase, se detuvieron a otras 34 personas en diferentes ciudades de España, todas ellas acusadas de falsedad documental.
Durante los registros realizados en Toledo, Madrid y Guadalajara, la Policía Nacional confiscó siete vehículos de lujo, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación de interés para la investigación.
La red criminal estaba liderada por individuos encargados de contactar con los clientes y establecer las tarifas. Además, contaban con una amplia red de colaboradores que proporcionaban la infraestructura empresarial necesaria para la regularización de los migrantes, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos fraudulentos. También se encargaban de preparar a los migrantes para las entrevistas requeridas durante el proceso de solicitud de arraigo.
Aparte de las gestorías, los líderes de las bandas contaban con la colaboración de despachos de abogados, quienes recibían una compensación económica que oscilaba entre 500 y 1.000 euros por cada persona regularizada. Los acusados proporcionaban documentación falsa a ciudadanos chinos, simulando su viaje a España para establecer un negocio que en realidad era ficticio, con el fin de obtener visados tipo D. También se gestionaban matrimonios de conveniencia para facilitar la obtención de la residencia o nacionalidad, cobrando entre 3.000 y 20.000 euros por cada migrante dependiendo de cómo se realizara la regularización.
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