La Fiscalía del Supremo pide aumentar condena a funcionarios por detención ilegal de los familiares de Álvaro Gijón
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado una condena de 16 años y medio de cárcel para el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. El motivo de esta petición se debe a la consideración de que los tres funcionarios deben ser condenados por la detención ilegal de los familiares del ex diputado Álvaro Gijón.
El recurso presentado por la Fiscalía es una respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB), en la cual se condenó a los dos funcionarios a nueve años de prisión por coacciones, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir filtraciones.
La acusación solicita la condena de los investigadores del caso Cursach por tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los familiares de Gijón. De esta manera, la petición de la Fiscalía se traduciría en una suma de 16 años y medio adicionales de cárcel para cada uno de los tres acusados. Además, se pide una indemnización de 6.000 euros para cada uno de los familiares detenidos.
La detención de los padres y el hermano de Gijón tuvo lugar en junio de 2017, y la sentencia considera que fue una medida de presión para obtener una confesión del político en el marco de la investigación del caso ORA. Según los chats intervenidos, el juez, el fiscal y los agentes de Blanqueo esperaban que Gijón declarara al día siguiente.
El Tribunal Superior determinó que los hechos constituyen el delito de coacciones a Álvaro Gijón y le impuso una indemnización de 6.500 euros. Sin embargo, consideró que no encajaban en la definición penal de la detención ilegal, ya que en el momento de la detención había una causa judicial abierta por el presunto amaño de la ORA y los investigadores contaban con una base mínima para llevar a cabo los registros.
La Fiscalía alega que estas detenciones fueron desproporcionadas e innecesarias y que se utilizaron para presionar al político: «No eran necesarias antes de los registros y mucho menos una vez finalizados», indica el fiscal. Además, sostiene que la sentencia del Tribunal Superior pasaría por alto a los familiares de Gijón como afectados, ya que su perjuicio no es penalmente sancionado ni tiene reparación civil.
Es importante destacar que la Fiscalía inicialmente solicitó condenas de 121 años y nueve meses de prisión para Subirán y 118 años para Penalva. Además de la Fiscalía, tanto las defensas como varias acusaciones, incluida la familia Gijón, han presentado recursos contra la sentencia del TSJIB.
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