La Policía Nacional rescata a 23 víctimas de explotación sexual y detiene a 8 personas en una operación contra la trata de seres humanos
En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional dentro del Plan contra la Trata de Seres Humanos, se ha liberado a 23 mujeres que habían sido engañadas con la promesa de trabajar en salones de belleza en diferentes provincias. Además, se ha detenido a 8 individuos acusados de delitos relacionados con la trata de seres humanos, la explotación sexual, la prostitución y contra los derechos laborales.
La red criminal que ha sido desarticulada se dedicaba a lucrarse a través de la explotación de las víctimas, una de ellas con discapacidad intelectual. Estas mujeres fueron engañadas con ofertas de trabajo en salones de belleza o cuidado de ancianos, pero terminaron siendo forzadas a prostituirse en condiciones inhumanas.
En las ciudades de Úbeda, Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares, Lugo y Ciudad Real, se logró liberar a las 23 víctimas de explotación sexual. Por otro lado, se detuvo a los implicados en Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real. Se les imputan delitos como trata de seres humanos, explotación sexual, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La investigación también incluyó registros en varias ciudades donde se encontraron pruebas como teléfonos móviles, dinero en efectivo, drogas como cocaína y documentación relacionada con el caso.
La organización criminal captaba a las víctimas tanto en España como en Colombia, principalmente a través de familiares o personas conocidas. Una vez en España, las engañaban ofreciéndoles trabajos diferentes a los que finalmente eran obligadas a realizar.
Los detenidos se encargaban de contactar con los clientes a través de páginas web y pactar los servicios sexuales. Las víctimas no tenían elección y se les exigía pagar más dinero a la organización por estas gestiones.
Las mujeres eran obligadas a prostituirse bajo amenazas e incluso eran trasladadas de una provincia a otra para dificultar su localización. Se las mantenía bajo vigilancia mediante cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde eran explotadas. Debían entregar el 50% de las ganancias obtenidas en cada servicio y además, eran forzadas a trabajar en condiciones precarias, sin un lugar adecuado y en ocasiones, aunque se encontraran indispuestas.
La investigación también reveló que los implicados compraban drogas que ofrecían a los clientes. Además, la líder de la red utilizó el dinero obtenido de la explotación y venta de sustancias estupefacientes para adquirir propiedades tanto en España como en Colombia.
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