Cae un grupo dedicado a la explotación laboral de mujeres
La detención de dos personas y la investigación de otras cuatro marca el inicio de la operación ‘Zimersa’, liderada por la Guardia Civil para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Estas seis personas utilizaban una empresa de cuidado a personas mayores y servicio doméstico como fachada legal para explotar a trabajadoras extranjeras sin permiso de trabajo ni estancia legal en España.
Durante la investigación, se descubrió que la empresa tenía una agresiva estrategia de expansión, estableciendo sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, y planeando abrir más sedes en otras provincias.
La organización se dedicaba a reclutar mujeres y adoctrinarlas en localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos, con el objetivo de limitar su interacción con otras personas. Buscaban un perfil de mujeres «buenas trabajadoras», de origen latinoamericano, en situación irregular en España y con condiciones precarias en su país de origen, lo que las llevaba a aceptar condiciones laborales extremas.
El cabecilla y gerente de la empresa contaba con la colaboración de responsables en cada sede para llevar a cabo esta explotación laboral. Les daba instrucciones, como rechazar a mujeres que no mantuvieran la mirada en las entrevistas o que fueran evasivas en sus respuestas.
Al formalizar los contratos, la identidad de las empleadas no coincidía con las que llevaban a cabo las tareas contratadas, sino que utilizaban la identidad de otras trabajadoras regularizadas. De esta manera, las empleadas estaban desprotegidas, no tenían contrato efectivo ni estaban registradas en la Seguridad Social, y se les imponían condiciones laborales que violaban la normativa vigente.
Además, los detenidos e investigados les instruían sobre cómo comportarse en controles policiales, les impedían acudir a centros médicos sin el acompañamiento de miembros de la empresa e incluso les obligaban a identificarse con identidades correspondientes a personas que sí estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
El pasado 25 de enero, tras la autorización de la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol, se llevaron a cabo registros en las cuatro sedes de la empresa y en dos domicilios particulares. Se detuvo al gerente y a su pareja sentimental, y cuatro personas encargadas de cada sede fueron interrogadas como investigadas sin ser detenidas. A todos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, y pertenencia a un grupo criminal.
En los registros participaron miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Salamanca y Valladolid, coordinados por la de Asturias. La investigación continúa en curso mientras se analiza la documentación intervenida durante los registros efectuados.
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