Quince detenidos por explotación laboral: prohibían comer y beber en el campo
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Sevilla que ha resultado en la liberación de 21 víctimas de explotación laboral. Estas personas, de nacionalidades moldava y rumana, eran captadas a través de las redes sociales en sus países de origen. Los responsables de la trata de seres humanos, un total de 15 individuos, fueron detenidos. Se les acusa de negar a las víctimas tanto alimento como bebida durante las largas horas de trabajo.
La organización detrás de esta trama operaba como una subcontrata legal y contaba con un sistema de empresas pantalla. De esta manera, los empresarios de varias fincas pagaban legalmente a estas empresas el salario de los trabajadores, aunque estos nunca recibían el dinero correspondiente. Además, trabajaban en jornadas extenuantes de 12 horas y dormían hacinados en el suelo.
Dentro de las terribles condiciones que vivían las víctimas, se destacan dos casos especialmente crueles. Una de las víctimas intentó escapar precipitándose por una ventana, mientras que otra quedó embarazada de gemelos y, debido a la intensidad del trabajo, abortó a uno de los fetos. El segundo bebé nació y se encuentra actualmente ingresado en un centro hospitalario.
Los detenidos vivían un alto tren de vida, mientras que sus víctimas tenían que buscar en la basura para alimentarse. Durante la jornada laboral, no se les permitía comer ni beber, a pesar de las altas temperaturas y del esfuerzo físico al que estaban sometidos.
La investigación comenzó después de que se detectara la existencia de víctimas de trata de seres humanos en las localidades de Brenes y Cantillana, en Sevilla. Los miembros de la organización operaban falsificando la identidad de los trabajadores y reteniendo sus documentos. Además, empleaban publicidad engañosa para captar a las víctimas y las trasladaban a Sevilla, donde vivían en condiciones infrahumanas y trabajaban hasta el agotamiento.
En total, se llevaron a cabo siete entradas y registros en las dos localidades implicadas en la investigación. Se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, joyas, más de 37.000 euros en efectivo y documentación relevante para el caso. La actuación policial contó con la colaboración de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla, así como de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes.




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