Suspenden juicio a hombre con antecedentes por agresión y violencia de género hacia una menor, por motivo de un letrado con jurado

Suspendido el juicio en León a un hombre acusado de violencia de género y agresión sexual a una menor

El juicio previsto para este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de León ha sido suspendido. El acusado, A.C.B., se enfrenta a una petición de 37 años de cárcel por agresión sexual y violencia de género contra una menor de edad. También se acusa a otros cuatro miembros de su familia por violencia doméstica contra la víctima. La suspensión se debe a que uno de los abogados implicados tenía un jurado y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, eso tiene preferencia.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que A.C.B. mantuvo una relación sentimental con la menor, a pesar de la diferencia de edad y de que la víctima no estaba en condiciones de dar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales. Se le imputan tres relaciones sexuales no consentidas que resultaron en el nacimiento de dos niños y una niña. La Fiscalía solicita 33 años de cárcel, así como otras medidas de privación de derechos para el acusado.

Además, se señala que los miembros de la familia del acusado sometían a la menor a golpes, insultos y amenazas de forma continua. El acoso derivaba en agresiones físicas que la víctima no denunciaba, hasta que A.C.B. la golpeó severamente en noviembre de 2021. La denuncia fue presentada poco después por la víctima, que se encuentra tutelada por la Junta de Castilla y León. A.C.B. fue detenido, procesado y actualmente se encuentra en prisión provisional.

Además de los delitos de agresión sexual y violencia de género, se acusa a A.C.B. de maltrato habitual y violencia de género con agravante de reincidencia. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel, así como otros castigos específicos. Los cuatro miembros de la familia del acusado también están imputados por violencia doméstica, enfrentándose a una petición de tres años de cárcel y otras medidas de privación de derechos.

En caso de sentencia condenatoria, se solicita que los procesados asuman los costes del procedimiento.