Caducidad del expediente sancionador contra Falange en Vitoria
En un giro inesperado, el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, conocido como Gogora, ha decidido abrir un nuevo proceso sancionador contra la Falange Española tras la controversial concentración que sus miembros llevaron a cabo en Vitoria el 12 de octubre de 2025. Este nuevo procedimiento surge tras la caducidad y el archivo del anterior expediente.
En marzo, Gogora había iniciado un expediente que abordaba las consignas y expresiones emitidas durante la misma concentración, que podrían contravenir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Esta legislación considera como infracción grave cualquier uso de expresiones que atenten contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura franquista, así como la celebración de actos que exalten el golpe militar de 1936 o la dictadura.
Las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 2.001 y 10.000 euros. La concentración culminó en serios incidentes que involucraron enfrentamientos entre simpatizantes de la Falange y sus detractores, lo que llevó a la intervención de la Ertzaintza. Como resultado, se registraron 19 detenidos, 40 heridos (incluyendo a la mitad de ellos, agentes de la Ertzaintza) y daños materiales valorados en 10.000 euros.
Adicionalmente, Gogora había denunciado amenazas recibidas de la Falange en correos electrónicos suscritos por un afiliado que ha estado presente en varias listas electorales.
El director de Gogora, Alberto Alonso, ha oficializado el archivo del primer expediente sancionador, alegando que se ha dado por concluido debido a que ha transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya emitido una resolución. Este archivo se fundamenta en la Ley de Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, que estipula un plazo de seis meses para la resolución de estos expedientes.
Las fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han aclarado que, aunque el plazo de resolución es de seis meses, la prescripción de los hechos es de dos años. Para asegurar un enfoque garantista, Gogora ha decidido dar por caducado el primer expediente como un paso positivo, permitiendo que el nuevo procedimiento se inicie con toda la documentación previamente recopilada.
Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por 14 organizaciones memorialistas, que acusan a Gogora de haber cedido a maniobras dilatorias de la Falange, señalando que la aceptación de documentos innecesarios contribuyó al archivo del expediente. Estas organizaciones consideran que la caducidad es consecuencia de una negligencia por parte del director de Gogora, expresando su «indignación» ante lo que consideran un error formal subsanable, y han anunciado su intención de presentar un recurso de reposición contra el archivo.




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